Los minoritarios del Popular exigen al BCE información sobre la venta

Todavía no se conocen los detalles relativos a la resolución de Banco Popular. Esta es la pieza que los accionistas minoritarios reclaman y ni el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ni las autoridades europeas (Junta Única de Resolución -JUR-, Banco Central Europeo  y Comisión Europea) quieren hacer públicas.  Por este motivo, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha decidido no presentar por el momento una querella ante la Audiencia y denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue lo sucedido. “Necesitamos información, es todo secreto”, señala una fuente cercana al procedimiento. Aunque la mayoría de las acciones van dirigidas contra el consejo de administración y la firma auditora que participó en la ampliación de capital de junio de 2016, a los que se les acusa de falsear las cuentas, los afectados no descartan ampliar la petición de responsabilidades a las autoridades implicadas en la posterior venta. “No sabemos qué contiene el texto de la resolución que a nosotros se nos haya ocultado”, declara la misma fuente. En el caso de que se iniciaran acciones contra los supervisores y se demostrara cualquier irregularidad en la ejecución, según la propia normativa de resolución bancaria europea, serían estos los encargados de resarcir los daños. Los minoritarios se han reorganizado tras la venta de la entidad a Banco Santander el pasado 7 de junio. La operación supuso la amortización de todas las acciones y su adquisición a un precio simbólico de un euro, por lo que unos 300.000 accionistas minoritarios perdieron toda su inversión. Diferentes despachos de abogados y asociaciones en defensa de los consumidores se han blindado para exigir una investigación en torno a lo ocurrido y un resarcimiento para los afectados. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que presentó el lunes una querella criminal, hasta la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que espera presentar próximamente la suya, los despachos Durán Durán y Fonfría, con sendas acciones abiertas, y Aemec a través de Cremades&Calvo-Sotelo, que el pasado jueves presentaron la denuncia ante la Fiscalía. La respuesta de Banco Santander ha sido rápida; en los próximos días valorará resarcir a los minoritarios que acudieron a la ampliación. Los analistas han calificado esta estrategia de “muy inteligente” teniendo en cuenta que casi todas las causas giran en torno a la falsificación de la información y a la ocultación de las pérdidas durante el procedimiento. De hecho, las causas personadas hasta el momento ponen el foco de la investigación en delitos como la administración desleal, la falsificación documental, delitos societarios (contra el mercado y los consumidores) o el uso de información privilegiada.