Albert Rivera (Barcelona, 1979) está Licenciado en Derecho. Cursó estudios en la Universidad de Helsinki (Finlandia) en 2001 y en el año 2009 realizó un curso en Marketing Político en la Universidad George Washington (Estados Unidos). Rivera también tiene experiencia en la empresa privada. De 2002 a 2006, trabajó en La Caixa como asesor jurídico. Desde el año […]
Dirigentes Digital
| 12 may 2015
Albert Rivera (Barcelona, 1979) está Licenciado en Derecho. Cursó estudios en la Universidad de Helsinki (Finlandia) en 2001 y en el año 2009 realizó un curso en Marketing Político en la Universidad George Washington (Estados Unidos). Rivera también tiene experiencia en la empresa privada. De 2002 a 2006, trabajó en La Caixa como asesor jurídico. Desde el año 2006 es diputado en el Parlamento de Cataluña.
¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué la corrupción se ha metido tan de lleno en las entrañas políticas de un país?
Por una parte, la transición creó un sistema de partidos y un sistema electoral que tenía como objetivo pocos partidos, y que éstos fueran muy fuertes y lo controlaran prácticamente todo. En aquel momento, tenía sentido pasar de una dictadura a un sistema democrático con cuatro o cinco dirigentes políticos con fortaleza en las decisiones del país. Esto, lejos de ir evolucionando y restando peso a los poderes políticos para dar más poder a los ciudadanos, ha sido todo lo contrario. Hoy, nuestra cultura de partidos está mucho peor que en la transición. Los partidos han ido aprovechándose de su poder para meterse en las cajas de ahorros, en los medios de comunicación públicos, en el sector económico y financiero… Esta gente ha parasitado el sistema democrático y ha creado auténticas tramas de corrupción. El epicentro del cambio que tiene que haber está en nuestro sistema de partidos y nuestro sistema electoral. Si hay listas abiertas, si hay primarias, y por lo tanto podemos premiar y castigar el comportamiento de cada uno de nuestros responsables políticos, esto hace permeable el sistema.
Ustedes han dicho ‘no’ a la financiación que provenga de empresas o personas físicas ligadas a empresas o Administraciones. ¿La banca sería entonces el principal financiador?
No es que no lo admitamos, sino que pedimos un cambio legal en el modelo de financiación por el cual se reduzca el dinero público de los partidos y que este dinero vaya al sistema democrático, es decir, a los parlamentos y a los municipios. Pedimos que haya menos subvenciones a las campañas electorales, y nosotros hemos demostrado que se puede ahorrar costes en este sentido. En la última campaña andaluza, le hemos ahorrado al contribuyente más de 300.000 euros. Hemos demostrado que se puede gestionar bien el dinero de un partido y tener superávit: los créditos bancarios que hemos pedido los hemos pagado hasta el último céntimo, a precio de mercado. Por otra parte, nosotros no tenemos dos o tres sueldos, sino uno, del cual aportamos el 10% de nuestro sueldo al partido. Y, finalmente, Ciudadanos tenía 2.500 afiliados hace un año y hoy tiene 23.000. A 10 euros cada uno, al mes es un dinero.
Bueno, hemos visto a empresas del Ibex 35 ‘donar’ dinero a partidos políticos, y al final se ha descubierto que buscaban algo más. ¿Podría pasar eso en Ciudadanos?
Yo lo que quiero es que las reglas del juego sean iguales para todos. Nosotros no criminalizamos que las empresas o los dirigentes donen dinero a los partidos, sino que lo hagan a cambio de poder cometer un delito o de llevarse un tanto por ciento en la Administración pública.
En los últimos años se ha hecho muy popular la frase de que al Gobierno español (sea cual sea) le manejan los hilos de Bruselas. Si usted llegara a ser presidente del Gobierno y le tocara llevar al Congreso una ley que no quiere aplicar, que va contra sus principios, ¿qué haría?
Yo no creo en imposiciones, sino en negociaciones. Yo soy partidario de cumplir compromisos, pero claro, los que he firmado yo. Nosotros firmamos el pacto del euro y, por ejemplo, eso es irrenunciable: España tiene que estar en el euro y en Europa. A partir de ahí, los plazos de déficit y los límites que se han fijado en España no se han controlado, porque hemos hecho las cosas mal y hemos gastado más de lo que teníamos. El objetivo se supone que era controlar el gasto para reactivar la economía, y ahora tenemos un déficit público de 1 billón de euros y, por mucho que digan algunos, la economía no se ha recuperado, al menos para la clase media. Partiendo de esta base, les diría a los europeos que es una mala idea que el cuarto país de Europa (económicamente hablando) tenga hundida su economía. Les diría que es una mala idea confundir músculo con grasa: hay que reducir costes, pero en burocracia, suprimir entes públicos duplicados, algo que el Partido Popular no ha hecho. En cualquier caso, yo no creo que Bruselas sea el enemigo; el enemigo es no entender que la economía no se reactiva recortando derechos a la clase media trabajadora y recortando servicios.
Llegados a este punto, con la abultadísima deuda que tiene España, ¿usted qué haría, qué le diría a Bruselas? Algunos partidos han abogado por la reestructuración de la deuda o, incluso, dejar de pagar una parte. Justo lo que ha ocurrido con Grecia…
Todo parte de una auditoría de la deuda: saber cuánto debes y cuánta parte de esa deuda son intereses. Es obligatorio sentarte a negociar para ver en qué plazo lo devuelves y qué priorizas de esa devolución. Porque si no iría en detrimento de los servicios públicos de tus compatriotas. Yo voy a pagar, pero si he subido los impuestos y he recortado en servicios básicos… A los que me debo son a los que me han votado y no venga a decir usted lo que está pasando en mi país. ¿Dónde está el punto medio? Sentarnos a negociar cuánto te debo y cómo te lo pago, en vez de decir "no te lo pago", pero luego reunirte de manera oculta y sí pagar, que es lo que está pasando en el caso de Grecia. Yo les diría: "Déjame respirar, decirte qué ingresos tengo y luego yo te pago". Si no, es imposible que se reactive la economía.
El gasto público es insostenible y a la Administración le sobra la mitad de su estructura. ¿Qué propone para adelgazar la Administración?
Proponemos una rebaja fiscal de 7.800 millones de euros en supresión de diputaciones y ayuntamientos. En los últimos diez años, varios países europeos han realizado una profunda transformación de su Administración, sobre todo local y provincial. A las diputaciones tenemos que quitarle toda la parte política, cargos de confianza y demás que nos han traído casos de corrupción flagrantes. Proponemos un ahorro de más de 5.000 millones de euros con la supresión de las diputaciones políticas y con la fusión de ayuntamientos. La economía de escala ha demostrado que se comparte la gestión en los ayuntamientos. Con 8.300 ayuntamientos, España es uno de los países de Europa con más ayuntamientos por habitante. Ojo, no proponemos una disolución de estos organismos, sino una fusión de departamentos de la cúpula. Por ejemplo, si fusionamos los servicios de ocho o diez ayuntamientos, esos organismos siguen existiendo, pero la gestión es más fácil y más económica para los ciudadanos. Es lo que llamamos la mancomunidad de servicios.
Ustedes proponen adelgazar la Administración pero quieren incrementar el número de funcionarios en la Agencia Tributaria. ¿Por qué? ¿Pretenden perseguir la corrupción o algo más?
Vamos a hacer dos propuestas: una, que los inspectores de Hacienda y de la Seguridad Social trabajen juntos. Es decir, que esos cuerpos se fusionen y, en una misma visita, pidan a una empresa las cuentas de Hacienda y los contratos laborales. Esto, además de ser de sentido común, ayuda a trabajar mejor contra el fraude. Quien cometa fraude o tenga dinero en paraísos fiscales no va a ser nuestro aliado. Nuestro aliado es el español medio, que paga sus impuestos.
Entonces no tendrá muy buena opinión de las amnistías fiscales…
No hay que criminalizar a todo el mundo pero, ¿cómo le digo yo a un ciudadano que pague impuestos si luego ve la amnistía fiscal que hemos visto en España? Se está rompiendo el compromiso entre ciudadanos y Estado. Como dice Montoro: "Voy a subir el IVA al 21% porque hay mucha gente que no paga". Y yo le digo: "Oiga, ¿y si persigue usted a los que no pagan y deja el IVA al 18%?". El mensaje que da el Gobierno es contradictorio: premio a los defraudadores y castigo a los que pagan. Ahí corres el riesgo de que mucha gente se baje del carro de los que pagan y pasen al lado ‘malo’. Afortunadamente, creo que hay más gente en el lado ‘bueno’, y eso hay que incentivarlo.
De cara a la competitividad de la empresa, proponen invertir menos en infraestructuras (como el AVE) y más en innovación. ¿Cuál es la clave para que España y sus empresas sean más competitivas en el exterior?
Somos un país en el que las grandes corporaciones mantienen un alto nivel de competitividad, pero las pequeñas y medianas empresas están por los suelos en esta área. Proponemos una red de transferencia tecnológica, con 30 centros en todo el país, que consiga que la innovación no sea sólo científica, sino práctica: con nuevas patentes, con aplicaciones… En España hay mucho desconocimiento en torno a la I+D+i. Por ejemplo, en otros países, como Estados Unidos o Israel, la transferencia de la innovación a la economía es efectiva. Con nuestra propuesta, si una empresa tiene una buena idea y quiere innovar, esta red ayudará a que la pueda llevar a la práctica. Con 1.000 millones de euros al año podríamos mantener esos 30 centros de transferencia tecnológica. Y, en cambio, sólo la inversión anual en el AVE son 3.000 millones. Lo que nosotros planteamos es: ¿Por qué no generamos riqueza y luego pagamos el AVE, y no al revés?
Lea la entrevista completa en la revista Dirigentes del mes de junio.
