Con una crisis de gobierno todavía abierta por el paquete de medidas anunciada por el primer ministro, Manuel Valls; Francia ha cumplido su palabra de recortar 50.000 millones en los próximos tres años incidiendo en una congelación de pensiones, de salarios de funcionarios y servicios públicos. Pero tal como estaba previsto, no será suficiente para que el país cumpla con la estabilidad presupuestaria.
Aunque Hollande y los suyos llevan allanando el camino, con visita a Merkel incluida, los presupuestos presentados hoy miércoles son un desafío en toda regla para sus socios comunitarios. Bruselas había concedido una moratoria hasta 2016 a Francia para que se ajustara al control del déficit, sin embargo, según los planes franceses apenas se reducirá el próximo año al 4,3% para descender al 3,8% en 2016 y el 2,8% en 2017.
Francia no volverá al equilibrio presupuestario hasta 2019. Una promesa difícil de cumplir, teniendo en cuenta que la economía se encuentra al borde de la recesión y los expertos apuntan que no irá mejor en los próximos trimestres.
El ministro de finanzas, Michel Sapin, ha sido sincero en la presentación de los presupuestos y ha declarado que rechazan la austeridad, "hemos tomado la decisión de adaptar el ritmo de la reducción de déficit a la situación económica del país", y prometió una bajada de impuestos para los hogares de menor renta.
Aunque se esforzó en explicar el esfuerzo que asume el país respecto al gasto público con las partidas que serán recortadas. Unos 7.700 millones corresponden al Estado, 6.400 millones a la protección social, 3.700 millones a las entidades locales y 3.200 millones en gasto sanitario, para 2015, hasta los 21.000 millones.
En el eterno debate entre políticas de estímulo o de austeridad en el seno de la Unión Europea, Francia ha sido el primer país en declarar abiertamente que no se someterá a las directrices de Bruselas. Hasta ahora solo quedaba en las negociaciones internas entre países y declaraciones políticas dentro de los países.
