Los sindicatos prometen un tenso diálogo por las pensiones

Finalmente se ha fijado fecha para el encuentro entre el Ministerio de Empleo, la CEOE, CCOO y UGT en torno al debate de las pensiones. Si la semana pasada los sindicatos resolvían no asistir a ninguna reunión sin orden del día y en la que fueran convocados unilateralmente, parece que en el último momento han cedido y han aceptado iniciar el diálogo social sobre las prestaciones. El día elegido para la primera toma de contacto es este martes, casi un mes después del primer encuentro simbólico con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como fecha de inicio de las negociaciones. Las desavenencias en torno a este debate van más allá de los puntos a negociar sobre las propias pensiones. En primer lugar, la convocatoria pública de la reunión y sin pactar un orden de contenidos de antemano fueron dos destalles que desagradaron a los representantes sindicales. Tampoco gustó el gesto de fijar el encuentro para el jueves, día de inicio de las movilizaciones sociales que han llevado a cabo los sindicatos durante todo el fin de semana contra las políticas de recortes del actual Gobierno. Sin embargo, tanto CCOO como UGT han decidido finalmente sentarse a hablar, “para que no haya duda de nuestra voluntad de diálogo”, según han explicado fuentes de las organizaciones. La mesa de negociación estará compuesta por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, y los presidentes de CCOO y UGT, Iganacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez. El encuentro es percibido por los interlocutores como una primera toma de contacto en la que no se espera que se llegue a grandes acuerdos. Las divergencias en torno al sistema de financiación de la Seguridad Social y de las pensiones son muy notables entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores. “Esperamos que la ministra traiga propuestas concretas y no líneas generales como en el anterior encuentro”, han puntualizado las mismas fuentes. Sin embargo, las movilizaciones de los últimos días han hecho patente el ambiente de crispación entre el actual Gobierno y los sindicatos, que no descartan nuevas convocatorias si el Ejecutivo no escucha sus propuestas. Los representantes acuden al encuentro con prudencia y sin grandes expectativas de acuerdo, algo que reconocen “muy difícil” en estos momentos. En la misma línea, confirman que podrían convocarse nuevas manifestaciones en torno al problema de las prestaciones si el partido mayoritario mantiene una postura unilateral. Pero para esto habrá que esperar a que las negociaciones avancen, ya que la primera reunión estará más enfocada a la exposición de argumentos y a la concreción de líneas de acción. “El problema de hacer públicos estos encuentros es que se generan unas expectativas de acuerdo que luego no se cumplen”, han señalado desde los sindicatos. Las dos caras de la moneda La reuniones en torno a la Comisión del Pacto de Toledo tienen como fin discutir las propuestas de los agentes sociales sobre la reforma en la financiación del actual modelo de prestaciones. Esta sería la sexta reforma emprendida sobre dicho modelo en la etapa democrática y quizás la más importante, pues el sistema de préstaciones públicas está bajo mínimos. El principal problema viene del lado de los ingresos, las cotizaciones a la Seguridad Social no son suficientes, ni llegarán a serlo, para cubrir todas las pensiones previstas (8,5 millones) tanto a nivel contributivo como de carácter social. El déficit actual del organismo es insostenible, con 19.000 millones de pasivo previstos al cierre del 2016. La llamada “hucha de las pensiones” tampoco es una opción, ya que el propio Ejecutivo ha aceptado que su fecha de caducidad será probablemente 2017. Actualmente quedan en reserva 24.200 millones de euros, pero previsiblemente el abono de las pagas extras de verano y navidad, cada una en torno a los 17.000 millones de euros, se lleve el resto. El objetivo es buscar la mejor forma alternativa de financiación. En la Comisión ya se han expuesto propuestas como crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social, financiar parte de las prestaciones a través de otros impuestos (IVA) o que las pensiones de viudedad y horfandad dejen de formar parte del sistema de financiación contributivo. Por su parte, los sindicatos ya han calificado la salida de las prestaciones por viudedad y orfandad del sistema como “una tremenda injusticia”, ya que acabarían unificándose en una y reduciéndose en consecuencia sus cuantías. Además, pasarían a catalogarse como asistenciales y a depender de los sistemas de asistencia social de las Comunidades Autónomas, lo que consideran que dejaría a muchas personas “sin garantías”. Como posibles soluciones a la financiación, los sindicatos han propuesto medidas alternativas como un impuesto a las grandes fortunas, la eliminación de las bases máximas de cotización, la supresión de las subvenciones a la contratación o un impuesto a las nuevas tecnologías, a las que culpan de absorber la gran mayoría de los nuevos empleos.