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Los sobrecostes del ciudadano por el sector energético

La anunciada reforma eléctrica, aclamada a bombo y platillo por el Gobierno, iba a ahorrar a los consumidores 15.000 millones por la rebaja del precio de la luz e iba a terminar con el déficit tarifario. Después de casi un año de su entrada en vigor está por ver que la promesa se cumpla. En […]

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21 nov 2014

La anunciada reforma eléctrica, aclamada a bombo y platillo por el Gobierno, iba a ahorrar a los consumidores 15.000 millones por la rebaja del precio de la luz e iba a terminar con el déficit tarifario. Después de casi un año de su entrada en vigor está por ver que la promesa se cumpla. En los últimos meses el precio de la electricidad se ha disparado. En el tercer trimestre ha subido más de un 30%, a lo que hay sumarle las dos veces que Industria subió los peajes de la luz.

Respecto al déficit de tarifa, la reforma incluía que los 3.600 millones acumulados el año pasado los asumirían los consumidores en futuros recibos, pero por fin se iba a terminar con él. La realidad es muy tozuda y los costes siguen superando a los ingresos del sistema por encima de las previsiones del Gobierno. En la última liquidación de septiembre, el déficit provisional se ha situado en 3.589 millones, registrando un desajuste adicional de 1.212 millones, que no estaban contemplados en la reforma para que fueran absorbidos por el propio sistema y los consumidores.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de Energía, Alberto Nadal, tendrán que volver a improvisar una nueva solución. Las últimas decisiones del Ejecutivo para atajar los desajustes energéticos de España se han basado en cargar la factura de los consumidores. Los problemas estructurales del sector eléctrico se han replicado en el gasista, que va a acumular un déficit de 813 millones, según las previsiones de la CNMC. El Gobierno estableció para este ejercicio que la desviación entre costes e ingresos no podía superar los 600 millones. Superado este escenario, los pequeños clientes tendrán que asumir la diferencia en forma de deuda que se irá devolviendo en un plazo de quince años en los recibos.

Se acumula el déficit en el gas

Al desequilibrio del sistema gasista hay que añadirle la indemnización de 1.400 millones a ACS por el fallido proyecto Castor de almacenamiento de gas que también asumirán los consumidores. La planta se ha tenido que cerrar porque provocaba seísmos en Castellón, pero Florentino Pérez y sus socios tenían cubierta la inversión por el contrato con el Gobierno socialista que aseguraba el proyecto pasara lo que pasara. La deuda adquirida con ACS se pagará en 30 años a través del recibo del gas.

No es una excepción que los consumidores al final se responsabilicen de las iniciativas empresariales fallidas. Gas Natural Fenosa está recibiendo una compensación de 164 millones a través del recibo, después de perder en los tribunales internacionales un litigio contra Argelia por los precios en el suministro de gas.

Otros 3.400 millones de regalo

Todo ello en una semana, donde se ha sabido que el Gobierno de Zapatero perdonó a las grandes compañías eléctricas 3.400 millones por el sobrepago por los Costes de Transición a la Competencia (CTC), un mecanismo creado para compensar las inversiones de las empresas mientras se liberaba el mercado eléctrico. En su último año puesto en vigor, el precio de la electricidad alcanzaba unos precios que provocaba retornos superiores a los previstos por las compañías. Aun así Endesa percibió 1.562 millones; Iberdrola, 1.159 millones; E.On 432 millones, Gas Natural Fenosa, 276 millones y Edp, 155 millones, según datos de la antigua Comisión Nacional de la Energía.

Al actual Gobierno también se le olvidan exigir otros cobros al sistema eléctrico. Uno de los argumentos que utilizó el ministro de Industria para eliminar el método de subastas trimestrales, cuando el precio de la electricidad se disparó un 11% en circunstancias hoy todavía no esclarecidas, era que los consumidores habían pagado de más 1.200 millones desde 2009 por culpa de los intermediarios, que garantizaban cierto nivel de precios en caso de que fueran demasiado bajos. En las subastas realizadas no se llegó a utilizar estas coberturas, pero Industria en ningún momento ha mostrado intención de reclamarlas. 

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