Merlin ha logrado entrar en el Ibex 35 solo año y medio después de su constitución en junio de 2014 mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) por valor de 1.500 millones de euros. A sus espaldas, mantiene la base de un segmento que ha logrado reactivar el mercado inmobiliario en España, atrayendo […]
Dirigentes Digital
| 21 dic 2015
Merlin ha logrado entrar en el Ibex 35 solo año y medio después de su constitución en junio de 2014 mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV) por valor de 1.500 millones de euros. A sus espaldas, mantiene la base de un segmento que ha logrado reactivar el mercado inmobiliario en España, atrayendo el dinero de grandes fondos internacionales y cuyo objetivo es ahora lograr el mismo éxito con los minoristas.
Según datos de BME, este año han debutado en el mercado ocho nuevas Socimi, y se han realizado en el sector cinco ampliaciones de capital que han captado cerca de 2.400 millones de euros, convirtiéndose en protagonistas destacados de la visible reactivación de las grandes operaciones en el mercado inmobiliario español.
"Con tan sólo dos años de vida y un fuerte apoyo de capital extranjero, comienzan a mostrarse como un instrumento útil para impulsar la reactivación económica y de mercado de un sector, el inmobiliario, muy dañado por la crisis que, aún con todo, incluye actividades que representan algo más del 10% del PIB español desde el lado de la oferta", indican desde la compañía presidida por Antonio Zoido.
Con ellas, la capitalización del sector inmobiliario en Bolsa ha crecido desde un mínimo de 3.620 millones de euros (mayo 2012) a los cerca de 13.000 millones actuales, de los cuales dos tercios pertenecen a las 14 Socimis cotizadas más Hispania. "Este crecimiento puede representar aunque sea un tímido inicio de reactivación de un sector, el inmobiliario, que a pesar del duro castigo recibido en la crisis sigue siendo importante para la estructura económica del país", insisten desde BME.
Desde los inicios
A finales de 2013, el MAB inauguraba el nuevo segmento de negociación de las Socimi con dos incorporaciones: Entrecampos Cuatro y Promorent. El 2 de julio de 2014 se incorporaba al MAB la tercera de las Socimi, Mercal Inmuebles. En 2015, ocho nuevas Socimi, con una aportación de 94,6 millones de euros, se han estrenado en el MAB, doblando así el número de compañías que había en 2014 en éste segmento de negociación, que actualmente cuenta con 11 empresas cotizadas. La última incorporación se producía el pasado 1 de diciembre de la mano de Zambal Spain que con una capitalización de 599 millones de euros se convierte en la primera Socimi que cotiza en el MAB con mayor valor de mercado.
La negociación en el MAB de estas sociedades ha supuesto poner en valor este tipo de compañías y dar dinamismo y visibilidad al sector inmobiliario, el más duramente golpeado por la crisis económica tras la enorme burbuja especulativa que se creó en el mismo en los años previos a 2007.
Las tres grandes Socimi cotizadas que eligieron el mercado principal (y no el MAB) para hacerlo en 2014: Merlin Properties, Axiare Patrimonio y Lar España se han dedicado a la consecución de activos que les permitan hacer viables las extraordinarias apuestas que por sus proyectos realizaron los grandes inversores internacionales. A finales de octubre las participaciones significativas declaradas de inversores extranjeros en el capital de estas sociedades se sitúa en el 6%, 62% y 55% respectivamente. Merlin Properties es la mayor Socimi con una capitalización de 3.657 millones de euros, seguida de Axiare Patrimonio con un valor de mercado de 911 millones de euros y, en cuarto lugar, Lar España Real Estate con una capitalización de 567 millones de euros.
Entre las características de las estas firmas destacar una cifra de capital social mínimo de 5 millones de euros y la cotización obligatoria en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, como es el caso del MAB. En cuanto a su regulación fiscal, las Socimi no pagan el impuesto de sociedades y gozan de una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. A cambio están obligadas a distribuir el 80% de los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres y el 50% en el caso de venta de los activos.