El Tribunal de Cuentas ha publicado este lunes el informe de fiscalización de las pasadas elecciones generales del 26 de junio. En total, hasta 18 partidos acudieron a los comicios, con unos recursos declarados de 45.030.618 euros, un 28% menos que en anterior proceso. De entre las formaciones políticas, todas abrieron una cuenta bancaria específica […]
Dirigentes Digital
| 10 abr 2017
El Tribunal de Cuentas ha publicado este lunes el informe de fiscalización de las pasadas elecciones generales del 26 de junio. En total, hasta 18 partidos acudieron a los comicios, con unos recursos declarados de 45.030.618 euros, un 28% menos que en anterior proceso. De entre las formaciones políticas, todas abrieron una cuenta bancaria específica para las elecciones, aunque se detectaron ciertos fondos no ingresados en ellas y gastos electorales no abonados, lo que contradice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En este sentido, también se han detectado hasta cuatro formaciones que todavía mantienen deudas pendientes de pago con proveedores, a pesar de haber superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas corrientes electorales. Son los casos de Unidos Podemos y su coalición valenciana Compromís-Podemos-EUPV: A la valenciana, ambos con obligaciones de 566.165 y 260.908 euros. El documento recoge que los gastos pendientes de pago no podrán ser afrontados con el saldo restante de la tesorería electoral en ninguna de las formaciones, Podemos acumula 1.871 euros y Compromís 429 euros, por lo que “la mayor parte del pago tendrá que efectuarse con cargo a cuentas corrientes de la actividad ordinaria”, incumpliendo el artículo 125.1 de la LOREG. En el caso concreto de Unidos Podemos se han identificado dos proveedores con facturas superiores a los 10.000 euros que no han adjuntado la información requerida por el Tribunal, incumpliendo lo contemplado en el artículo 133.5 de la normativa. El total de estas facturas suma 54.467 euros. Otras dos formaciones catalanas mantienen también pagos pendientes con sus proveedores o acreedores. Es el caso del Partido Socialista Catalán (PSC), con una deuda de 71.383 euros, y Convergencia Democrática de Cataluña, con 2.705 euros. Estos partidos tampoco podrán ejecutar sus pagos a costa de la cuenta electoral, en la que el PSC no declara ningún saldo restante, mientras que Convergencia tan sólo 15,91 euros. Respecto a las vías de financiación, un 50,8% de los recursos procedían de endeudamiento bancario, un 32,9% de adelantos de subvenciones electorales, un 16,2% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas. De los gastos regulares que han sido considerados justificados por el Tribunal se cuantifican 44.312.477 euros, de los que el 58,4% corresponde a operaciones electorales y el 41,6% al envío de propaganda electoral. El informe recoge además la existencia de gastos por valor de 114.205 euros que no tienen naturaleza electoral, al no corresponderse con los conceptos recogidos en la LOREG. En la misma línea,todas las formaciones políticas cumplieron con los límites de gasto exigidos por la ley.