Infraiber manda un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) indicando que la constructora de Villar Mir contabilizó en sus cuentas del primer trimestre de este año y en las anuales de 2015 las concesiones de su filial mexicana Circuito Exterior Mexiquense y Viaducto Bicentenario como activo financiero en contra de los criterios del regulador mexicano. A la misiva de su representante legal le acompaña un documento oficial de 2004 del Gobierno de México que responde al representante de Circuito Exterior Mexiquense SA, la empresa participada por OHL México que se encarga de la construcción y explotación de las autopistas, sobre las condiciones de la concesión después de concluir las obras.
El actual secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Miranda Nava, que por entonces era secretario de Finanzas, responde que la "fuente de pago" de la inversión son los recursos que genere la infraestructura vial construida, aunque en el mismo escrito reconoce que "el derecho al cobro de las cuotas de peaje se mantendrá aún en caso de terminación anticipada de la concesión".
Para Infraiber la respuesta del alto cargo mexicano va en contra del criterio contable que aplica OHL y su filial al considerar la concesión como un derecho "incondicional" de cobro de dinero frente al Estado de México.
La CNMV mexicana no comparte el mismo criterio de OHL sobre que el retorno de la inversión de la concesión esté totalmente garantizado. El regulador sancionó a la filial mexicana con 3,7 millones de euros el pasado mes de marzo, aunque resaltó que no había intención de fraude tras las alegaciones de la compañía.
En las cuentas del primer trimestre en España, OHL no hace
ninguna referencia a este hecho. El grupo se limita a afirmar que registra las sociedades concesionarias con cláusula de
rentabilidad garantizada con derecho incondicional de cobro en efectivo.
Desde OHL defienden que la rentabilidad garantizada no influye en los flujos de caja generados por las cuotas de peaje y que el criterio contable es compartido por las cuatro auditoras más grandes del mundo y por los propios organismos españoles.
