Protección al inversor: ¿qué preocupa al mercado?

Durante el año 2015 se ha producido por primera vez desde 2008 un incremento en los expedientes tramitados al llegar a la decena, frente a los 6 del año anterior. La labor del Protector puramente arbitral representa el 60% en 2015 y destaca la falta de conflictividad. Los expedientes que han acabado en acuerdo supone el 40% del total y el 20% restante de los informes han terminado mediante la emisión por la Oficina de informes desfavorables para el inversor.

Al igual que en ejercicios anteriores, los inversores particulares son, sin duda, los principales solicitantes de información, representando un 83% del total. A ello contribuye el hecho de que las entidades financieras, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y las organizaciones de consumidores, como la OCU, remiten al inversor particular a esta Oficina, al considerarla una vía rápida y neutral de información sobre la ejecución de operaciones bursátiles. En este sentido, el Protector del Inversor sigue siendo el canal más adecuado para dar respuesta de manera clara y puntual a las consultas que los inversores particulares plantean ante el mismo.

Los Miembros del Mercado y las Entidades Financieras representan otro grupo importante de solicitantes de información ( un 10% del total ) siendo las Entidades Financieras las que realizan más solicitudes, especialmente, en determinadas épocas del año como, por ejemplo, la correspondiente al periodo de declaración de la renta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, de forma habitual, en la gestión de testamentarias de sus depositantes sobre todo en lo referido a los cambios históricos.

Por otro lado, en relación con los años anteriores, se mantiene invariable el porcentaje correspondiente a las solicitudes de información efectuadas por las entidades emisoras. En este sentido, las entidades emisoras demandan una información muy puntual, centrándose sus solicitudes en la emisión de certificaciones de cotización con ocasión de operaciones societarias (ampliación mediante aportaciones no dinerarias, el dividendo opción y los canjes de obligaciones necesariamente convertibles en acciones).

Se aprecia un notable aumento en la solicitud de emisión de certificaciones de cotización no solo por las sociedades cotizadas, sino también por los profesionales del sector y por los juzgados como consecuencia de los últimos escándalos financieros.

Por último, se observa un ligero descenso en la información requerida por los medios de comunicación, dentro de los cuales también se incluyen las distintas empresas difusoras, si bien, se mantiene el nivel de demanda de información por los servicios de estudios y departamentos de análisis, siendo inexistentes las solicitudes efectuadas por los centros universitarios y culturales debido a que son canalizadas por otras vías.

Mención especial a las numerosas llamadas recibidas, durante este año, como consecuencia de la normativa europea sobre broker ciego, poniendo de relieve lo que los inversores consideran una contradicción entre transparencia en el mercado y la posibilidad de no difundir la identidad de los miembros que introduzcan órdenes o que hayan efectuado operaciones en dichos mercados, en este sentido esta Oficina ha sido receptora de las quejas y el malestar general por parte de los inversores en esta materia.

Se ha apreciado también un considerable aumento de consultas en relación con la suspensión de valores, en especial en los supuestos de una situación concursal. En estos casos los inversores se interesan por el procedimiento a seguir y muestran su disconformidad sobre el hecho de que les sigan generando gastos de mantenimiento.