La Cámara de Representantes de Puerto Rico se reunió para conocer detalles de este acuerdo entre la ACT (Autoridad portorriqueña de Carreteras y Transportes) y Abertis que contempla la ampliación de la concesión a Metropistas, filial de Abertis, hasta el año 2061 a cambo de 100 millones de euros y un nuevo reparto de los futuros […]
Dirigentes Digital
| 28 abr 2016
La Cámara de Representantes de Puerto Rico se reunió para conocer detalles de este acuerdo entre la ACT (Autoridad portorriqueña de Carreteras y Transportes) y Abertis que contempla la ampliación de la concesión a Metropistas, filial de Abertis, hasta el año 2061 a cambo de 100 millones de euros y un nuevo reparto de los futuros ingresos de la compañía. Esta cantidad, no obstante, se pagará en dos veces, la primera ahora y la segunda antes del 30 de junio de 2017.
En compensación por estas nuevas obligaciones, la autoridad concesionaria se comprometió a reducir su porcentaje de ingresos compartidos por el sistema de peaje dinámico instalado en la autopista PR-22, desde el 50 % actual hasta el 25 %, además de ampliar la concesión de las dos autopistas hasta 2061.
Según un comunicado difundido por la Cámara de Representantes, se pedirá a la ACT un informe sobre las gestiones que esta corporación llevó a cabo para extender el contrato con Metropistas.
En concreto, la polvareda la ha levantado el hecho de que no se diera conocimiento alguno a las cámaras legislativas ni a la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas sobre estas negociaciones ni de la firma del contrato. Algunos legisladores señalan que se enteraron del acuerdo a través del comunicado de Abertis del pasado 21 de abril.
"El artículo 10 de la Ley 29-2009 para las Alianzas Público Privadas -APP- requiere que cualquier extensión del término de un contrato de éstas sea aprobada por el Legislativo. Ello no se cumplió en este caso. No estamos satisfechos con la explicación de las ‘ponentes’ sobre los fundamentos legales para incumplir con esa disposición de ley", explica el presidente de la Comisión, Jesús Santa Rodríguez.
A la vista pública que ha tenido lugar en el Congreso para rendir cuentas de la extensión del contrato acudieron la directora ejecutiva de la ACT, Carmen Villar, y Deliris Ortiz, de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
Al ser preguntadas en torno al destino de los fondos recibidos como resultado de esta transacción, ninguna pudo dar explicación, ante lo que la Cámara de Representantes estudiará la posibilidad de tomar acciones legales para que se aclare si este procedimiento cumple la legislación.
"Si no se cumplió con lo establecido en la Ley 29, este contrato es nulo y debe ser revertido de inmediato", añadió el legislador, para concluir que el propósito de las alianzas debe responder a los mejores intereses de Puerto Rico y no a los de los privatizadores.
