Banco Santander ha anunciado el lanzamiento de una ampliación de capital por un total de 7.072 millones de euros para respaldar la adquisición de Banco Popular. La colocación se realizará durante el mes de julio y las nuevas acciones tendrán derecho ya al dividendo de 2017, cuyo primer pago se efectuará el 4 de agosto. El […]
Dirigentes Digital
| 04 jul 2017
Banco Santander ha anunciado el lanzamiento de una ampliación de capital por un total de 7.072 millones de euros para respaldar la adquisición de Banco Popular. La colocación se realizará durante el mes de julio y las nuevas acciones tendrán derecho ya al dividendo de 2017, cuyo primer pago se efectuará el 4 de agosto. El banco presidido por Ana Botín emitirá 1.458 millones de nuevas acciones de la misma clase y serie que las ya existentes y con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. Los accionistas de Santander podrán suscribir 1 acción nueva por cada 10 acciones que posean, a un precio de 4,85 euros por acción, lo que supone un descuento del 17,75 por 100 con respecto al precio teórico sin derecho de suscripción preferente (“TERP”, por sus siglas en inglés) basado en el precio de cierre de 3 de julio de 2017. La operación está totalmente asegurada, con Santander, Citi y UBS como coordinadores globales, y Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, Jefferies, Mediobanca, Morgan Stanley, RBC, Société Générale y Wells Fargo como entidades aseguradoras. Según Ana Botín, “la adquisición del Banco Popular es una oportunidad única para acelerar nuestro crecimiento en España y Portugal. Esta operación ha sido muy buena para los clientes del Banco Popular y para el sistema financiero español. Y esperamos que sea rentable para el banco y sus accionistas. Igualmente confiamos en que la adquisición mejore los principales indicadores de negocio en 2019 y años posteriores, y genere un retorno sobre la inversión del 13-14 por 100 en 2020”. Santander ha avanzado una estimación de los resultados del primer semestre del año (la presentación definitiva tendrá lugar el 28 de julio). según dicho avance, y excluído el Popular, espera obtener un beneficio atribuido en el primer semestre de aproximadamente 3.600 millones de euros, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior. Excluyendo los resultados extraordinarios del primer semestre de 2016 y el impacto de los tipos de cambio, se espera que el beneficio crezca un 11 por 100. Se estima que las dotaciones para insolvencias se reducirán aproximadamente un 6 por 100, mientras que el coste del crédito permanecerá por debajo del 1,2 por 100 (1,19 por 100 a 30 de junio de 2016). La ratio de mora mejorará hasta el 3,6 por 100, mientras que la ratio de cobertura permanecerá estable en aproximadamente un 73 por 100. Se espera que la ratio de capital CET1 del Grupo aumente en el periodo hasta el 10,7 por 100. Impacto del Popular Puesto que Banco Popular y sus filiales están consolidadas en las cuentas del Grupo Santander desde su adquisición el 7 de junio de 2017, el impacto en el beneficio este primer semestre será muy poco significativo. Por otro lado, aporta unos créditos netos de aproximadamente 82.000 millones de euros y unos depósitos por valor de 65.000 millones de euros, lo que supone en torno a un 10 y un 8.5 por 100 de los créditos y depósitos totales del Grupo tras la integración, respectivamente. Las ratios de morosidad y de cobertura del Grupo tras la adquisición de Banco Popular se sitúan en torno al 5,4 y 70 por 100, respectivamente. La ratio de capital CET1 fully loaded a 30 de junio de 2017, una vez completada la ampliación de capital de 7.072 millones de euros anunciada, será de aproximadamente un 10,7 por 100. Posibles reclamaciones En el folleto de ampliación, la entidad reconoce que la adquisición del Popular podría llevar ligada “todo tipo de recursos y reclamaciones”. En este sentido, entre los riesgos de la operación señala la posibilidad de que la ampliación no se complete o sí lo haga pero de manera parcial, así como la de que el aumento no obtenga la aprobación de las autoridades administrativas.