Apenas tres días ha durado el cierre del Gobierno federal estadounidense o “shutdown”. Los demócratas y republicanos del Senado llegaban a un acuerdo el lunes para reabrir temporalmente el gobierno y extender 3 semanas más el gasto provisional de los fondos que pagan los sueldos de los trabajadores de la Administración. Y lo han hecho con 81 votos a favor por 18 en contra, la medida necesitaba un mínimo de 60 votos a favor para progresar en la Cámara Alta. A continuación el presidente Donald Trump ha firmado un proyecto de ley para restablecer esos fondos hasta el 8 de febrero. Es el primer “shutdown” de Trump, justo cuando cumple un año en la Casa Blanca. El último cierre de Gobierno se produjo en el año 2013, con Barack Obama en el poder. En aquel momento la Administración estuvo cerrada 16 días en los que unos 85.000 trabajadores del sector público federal se vieron afectados y que costó a las arcas públicas 1.500 millones de dólares (unos 1.226 millones de euros) diarios. Desde el año 1976 han ocurrido 18 cierres de Gobierno estadounidense y el que más ha durado ha sido 21 días. ¿Qué es el “shutdown”? Se trata de un cierre de parte de la Administración del país, o lo que es lo mismo, de varias agencias federales de dicha Administración cuyos trabajadores civiles son pagados con dinero público. El presupuesto anual para pagar sus sueldos tiene que aprobarse por el Congreso antes del último día del año fiscal. Ese presupuesto expiró el 30 de septiembre de 2017 y desde entonces se han tenido que aprobar 3 prórrogas para que todo pudiera seguir funcionando. Como las nóminas se pagan semanalmente, cuando no hay fondos, se decide que los empleados de servicios “no esenciales” no trabajen, puesto que no es posible pagarles. Hay una especie de “servicios mínimos” y trabajan los más imprescindibles como los que se dedican a la seguridad nacional (agentes de policía o militares). También permanecen activos los trabajadores del Departamento de Justicia, del servicio Postal, las patrullas fronterizas y aduanas o los controladores del tráfico aéreo. Los que dejan de trabajar en estas circunstancias son la mayoría del personal administrativo y de mantenimiento de organismos como parques nacionales, zoológicos, museos, servicios sanitarios, seguridad social y hasta agencias federales como las que regulan el alcohol, el tabaco y las armas de fuego. ¿Por qué ocurre esta situación? Tanto en el último “shutdown” de 2013 como en el actual, el problema viene por discrepancias políticas entre republicanos y demócratas. Si entonces el “no acuerdo” vino propiciado por la disputa sobre la reforma sanitaria que quería llevar a cabo el entonces presidente Obama, el Obamacare, ahora el problema está en las leyes sobre inmigración, en concreto sobre los “dreamers”. Estos son los hijos de inmigrantes ilegales que fueron llevados por su padres muy pequeños a Estados Unidos y que el gobierno de Donald Trump quiere expulsar del país. Los demócratas piden una solución legal para los “soñadores”, como así se les conoce, ya que su situación es muy complicada desde que en septiembre Donald Trump cancelara el DACA (un programa creado por Obama que les protegía de ser deportados) y que expira este 5 de marzo y desde entonces podrán ser deportados. En esta ocasión se ha llegado a un acuerdo sobre los fondos después de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, prometiera permitir que el próximo mes se someta a votación un proyecto de ley de inmigración. “Después de varias discusiones, ofertas y contraofertas, el líder republicano McConnell y yo llegamos a un acuerdo para reabrir el gobierno y continuar negociando un acuerdo integral sobre inmigración”, decía el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer. Además indicó que McConnell se ha comprometido a que, “si los negociadores no logran llegar a un acuerdo de inmigración antes de que expire la medida de gasto provisional el 8 de febrero, el Senado procederá inmediatamente a la consideración de la legislación para proteger a los jóvenes indocumentados” que se calculan en unos 800.000. Además precisó que es necesario tocar otros puntos claves como la ley de salud. Por su parte los republicanos exigen que los demócratas incluyan en el nuevo acuerdo presupuestario fondos para la construcción del polémico muro fronterizo en México. Por tanto esta reapertura del gobierno no es algo definitivo. Habrá que estar pendientes el 8 de febrero cuando se vote de nuevo para tratar de aprobar una ley de presupuesto permanente.
