Lo que se supone un trámite tras los resultados electorales, se ha convertido en un quebradero de cabeza para Susana Díaz. La victoria socialista en Andalucía con 47 escaños le han dejado en una mayoría débil dependiente de la oposición para gobernar. Díaz adelantó las elecciones rompiendo con IU para consolidar su poder y ahora […]
Dirigentes Digital
| 08 may 2015
Lo que se supone un trámite tras los resultados electorales, se ha convertido en un quebradero de cabeza para Susana Díaz. La victoria socialista en Andalucía con 47 escaños le han dejado en una mayoría débil dependiente de la oposición para gobernar. Díaz adelantó las elecciones rompiendo con IU para consolidar su poder y ahora se encuentra en una clara situación de desventaja con la irrupción en el Parlamento de nuevas fuerzas políticas que no están dispuestas a imponer sus exigencias en los pactos de gobernabilidad.
Susana Díaz necesita la abstención conjunta de Ciudadanos y Podemos o del PP. Todas las fuerzas políticas que han logrado representación en la cámara ya han dicho que no lo harán. Ante esta perspectiva, se abre un período de dos meses desde la primera votación para convocar al Parlamento en nuevas votaciones. Según establece el artículo 118 del Estatuto, si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación -es decir, el 5 de julio-, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y la presidenta de la Junta en funciones deberá convocar nuevas elecciones.
Las nuevas consultas y las negociaciones van a coincidir con las elecciones autonómicas y municipales. La gobernabilidad de Andalucía se presta a moneda de cambio por el control de otras regiones y retratará a la oposición sobre su política de pactos, por lo que una votación definitiva se puede alargar hasta después del 24 de mayo. A Díaz le queda dos salidas acceder a las exigencias de Podemos y Ciudadanos. La formación de Albert Rivera exige un pacto de corrupción por escrito y la renuncia como diputado de Manuel Chaves. Mientras, Podemos insiste en que la Junta rompa con las entidades financieras que realicen desahucios y una propuesta firme de recorte de altos cargos públicos. La otra sería convencer al PP que se abstenga apelando a que son la lista más votada, una determinación que podría convertir en un denominador común para el resto de Comunidades y ayuntamientos, en una especie de pacto entre el PP y PSOE.
