El mismo día que Lula da Silva ha prestado juramento como nuevo ministro del Ejecutivo de Dilma Rousseff, un juzgado federal suspendió de manera provisional el nombramiento como ministro de Casa Civil. Ayer, el Gobierno confirmó la incorporación del ex presidente del país. La jugada está cargada de polémico porque la entrada de Lula en […]
Dirigentes Digital
| 17 mar 2016
El mismo día que Lula da Silva ha prestado juramento como nuevo ministro del Ejecutivo de Dilma Rousseff, un juzgado federal suspendió de manera provisional el nombramiento como ministro de Casa Civil. Ayer, el Gobierno confirmó la incorporación del ex presidente del país. La jugada está cargada de polémico porque la entrada de Lula en el Ejecutivo le protege de la investigación judicial que le implica en el caso de corrupción de Petrobras por su condición de aforado.
Igual que en la legislación española, los cargos políticos sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo y no por la justicia ordinaria. Lula, que se plateaba desde hace tiempo volver a primera línea de la política, en mitad de la crisis que atraviesa el Gobierno de Rousseff, pendiente en las próximas semanas de una moción de censura en el Parlamento brasileño, había denunciado que era víctima de una persecución política por el juez Sergio Moro, que instruye el mayor caso de corrupción de la historia del país.
El magistrado ha maniobrado para boicotear el nombramiento filtrando un pinchazo telefónico entre Lula y Rousseff. La presidenta avisa a Lula de que recibirá en su despacho el acta de ministro para utilizarlo "en caso de que sea necesario". El juez Moro ha reconocido la filtración y la ha justificado por el interés público y la transparencia del nombramiento. La conversación ha dejado en evidencia que la asunción del cargo es para esquivar la justicia.
