Desde la organización vuelven a criticar que pese a que se trata de tres sectores clave para la economía de los consumidores españoles, ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas están actuando ante sus graves y crecientes irregularidades, que llevan a estas compañías a encabezarla lista desde hace más de 10 años. Pero al […]
Dirigentes Digital
| 03 feb 2015
Desde la organización vuelven a criticar que pese a que se trata de tres sectores clave para la economía de los consumidores españoles, ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas están actuando ante sus graves y crecientes irregularidades, que llevan a estas compañías a encabezarla lista desde hace más de 10 años.
Pero al margen de estas irregularidades que las propias compañías suelen enmendar nada más ser denunciadas, existen otras no tan evidentes y que según la normativa vigente también deberían cumplir.
Son muchos los consumidores que han sido víctimas de penalizaciones ilegales por parte de las operadoras. Muchas de ellas tienen que ver con contratos de permanencia ilegales, pero existen muchos otros casos de penalizaciones ilegales. Por ejemplo, cuando se realizan contrataciones por teléfono es frecuente que no se informe de alguna cláusula, o que cuando el usuario solicita la grabación de su conversación, la compañía no la tenga.
<p style="" text-align:"=""> La obligación de las operadoras de liberar los teléfonos móviles es otra de las históricas ‘batallas’ del consumidor. En enero de 2012 el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades autonómicas de protección al consumidor emitieron un informe en el que concluyeron que la venta de móviles no liberados es una práctica ilegal, al incurrir en cláusulas abusivas prohibidas por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Aún hoy hay empresas que aunque venden los terminales liberados, no han desbloqueado los teléfonos que ya habían vendido antes de la prohibición.
