Recientemente la agencia responsable del transporte público de Pinellas Park, en Florida, comenzó con un novedoso experimento: cortó el servicio de dos líneas de autobús y, en su lugar, comenzó a pagar una porción de los viajes con Uber. Uber se ha aliado con un grupo de agencias de transporte público para obtener acuerdos como […]
Dirigentes Digital
| 16 ago 2016
Recientemente la agencia responsable del transporte público de Pinellas Park, en Florida, comenzó con un novedoso experimento: cortó el servicio de dos líneas de autobús y, en su lugar, comenzó a pagar una porción de los viajes con Uber.
Uber se ha aliado con un grupo de agencias de transporte público para obtener acuerdos como el de Pinellas Park, el cual se expandió a principios de este mes.
Para finales de agosto, Lyft planea iniciar una colaboración con Centennial, Colorado, su primer acuerdo donde un gobierno local subsidiará parte de sus viajes. La compañía también ha dicho que ha colaborado con una docena de agencias de tránsito para que soliciten subsidios federales que, a su vez, pagarán una porción de las tarifas de Lyft en casos en donde sus conductores se convertirían en parte del sistema de transporte público.
"Cada uno de los proyectos actuales es pequeño, pero a la larga podrían combinarse en algo grande, dijo Emily Castor", directora de políticas de transporte de Lyft. "Esta es un área que tiene potencial para ser una parte muy significativa del trabajo de Lyft en el futuro", aseguró Castor. "¿Qué tan rápido progresará de ser un plan piloto pequeño a ser institucionalizado en las agencias de tránsito? Creo que eso es más difícil de predecir".
En los últimos siete años, las compañías de transporte privado y los funcionarios locales han tenido una relación difícil, en ocasiones abiertamente hostil, en relación a la regulación. Los acuerdos de transporte público han sido un oasis de acercamiento entre ellos.
Los gobiernos ya están subsidiando una parte de las tarifas de taxis en algunas situaciones, pero los acuerdos con Uber y Lyft podrían ser el inicio de un cambio fundamental, y con ello, de las tensiones: ¿Qué va a pasar con la gente que no tenga smartphones?, ¿cómo van a dar servicio Uber y Lyft a personas con capacidades diferentes? ¿qué pasaría si las ciudades se vuelven dependientes de estas aplicaciones y después estas compañías deciden que este tipo de acuerdos ya no son rentables? y por último, ¿los gobiernos están promoviendo el reemplazo de los trabajos en el sector público por el tipo de contrato que define la economía colaborativa?
En tanto los funcionarios lidian con esas preguntas, resulta difícil ignorar los grandes ahorros que representan este tipo de acuerdos para los Gobiernos y las grandes ganancias que representan para Uber y Lyft.
En 2014, los estadounidenses gastaron 15.000 millones de dólares en tarifas de transporte público en las 850 agencias de transporte público que comparten datos con la Administración Federal de Tránsito. Los gastos de operación de esas agencias fueron de 42.000 millones de dólares. Gran parte del 65% del coste de funcionamiento restante de estos sistemas provino de subsidios públicos. Datos que refuerzan la idea de apostar por las empresas de transporte que se basan en los modelos colaborativos.
