Argentina negocia contrarreloj en la Corte Suprema de Estados Unidos una alternativa al fallo que la obliga a pagar a sus acreedores 1.500 millones de dólares el 30 de junio, decisión que la coloca al borde de una nueva crisis financiera. "He dado instrucciones para que nuestros abogados le soliciten al juez condiciones para poder […]
Dirigentes Digital
| 06 jul 2014
Argentina negocia contrarreloj en la Corte Suprema de Estados Unidos una alternativa al fallo que la obliga a pagar a sus acreedores 1.500 millones de dólares el 30 de junio, decisión que la coloca al borde de una nueva crisis financiera. "He dado instrucciones para que nuestros abogados le soliciten al juez condiciones para poder llegar a un acuerdo beneficioso para el cien por cien de los acreedores", dijo la presidente Cristina Fernández el 20 de junio, después de haber sugerido en días previos que no acataría la sentencia por considerarla "una extorsión".
La quiebra de Argentina en 2001, que sumió a esa nación sudamericana en un descalabro institucional y social sin precedentes, dejó al país con una deuda de más de 80.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad de la cual fue contraída durante la última dictadura (1976-1982) y el resto, en las primeras gestiones democráticas posteriores (1983-1994). Ya en 2005, con una negociación que se completaría en 2010, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) logró el canje del 93% de ese monto por títulos públicos, obteniendo una quita del 50% del pasivo.
Buitres
Una parte de la minoría de acreedores que no aceptaron esas condiciones, los "fondos buitres", a los que el gobierno actual acusa de extorsión, obtuvo una sentencia favorable del juez Thomas Griesa, según la cual Argentina deberá pagar la suma total de lo adeudado. El fallo data de 2012 y fue ratificado ahora, tras una desestimación de la apelación interpuesta por Argentina.
En esa línea, el magistrado determinó que se le pague primeramente al 1% de los acreedores (que reclaman 1.300 millones de dólares) y podría exigir también el pago al restante 6% de los litigantes (a quienes el país debería abonarles 15.000 millones de dólares). Ese volumen de divisas equivale a más de la mitad de las reservas argentinas actuales, ha dicho el gobierno.
Si bien las primeras reacciones oficiales después de conocida la sentencia judicial fueron de resistir, condicionar y hasta rechazar lo determinado por Griesa, con el correr de los días se observó un cambio de posición. El ministro de Economía, Axel Kicillof, quien llegó a decir "no pasarán", aludiendo a los reclamos de los fondos de NML y Aurelius, dijo que su cartera estaba empeñada en pagar únicamente 900 millones de dólares a sus bonistas (aquel 93% de acreedores que entraron en el canje).
"Pagar, además de esos 900 millones, los 1.500 millones que exige el juez llevaría a que otros fondos buitres reclamen hasta 15.000 millones, lo que significa empujar a Argentina al default (cesación de pagos)", dijo Kicillof durante una conferencia de prensa, para rematar: "Cumplir la sentencia nos lleva a una deuda impagable. Si una sentencia nos dice suicídense, no la podemos aceptar".
"Argentina quiere pagar sus deudas como lo viene haciendo desde 2005 pero no la dejan", tituló el gobierno una solicitada en The Wall Street Journal el 21 de junio como parte de su estrategia de renegociación.
"Terminamos con una deuda que implosionó al país. Desde 2005 venimos pagando religiosamente los vencimientos", afirmó la presidente Fernández, al dar señales de su voluntad de encontrar un nuevo acuerdo, que podría ser una escala de pagos en Argentina y bajo ley argentina y no en Estados Unidos, como lo es actualmente.
Los presidentes del Mercosur y del Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) respaldaron la posición argentina en el conflicto judicial y reconocieron su vocación de continuar honrando los compromisos.
Próximos vencimientos
Hasta 2017, el calendario acordado con los acreedores establece un total de 35.900 millones de dólares, según cálculos del sector privado. En esa lista se encuentra Repsol, una de las empresas que aceptó bonos públicos como forma de pago. En su caso, fue por la expropiación del 51% de YPF que el gobierno argentino realizara en 2012. Los títulos otorgados a la empresa española (5.000 millones de dólares) forman parte de los compromisos que el gobierno debe honrar tras los acuerdos logrados en 2014, entre los cuales se incluye también la pauta acordada con el Club de París.
Tras una secuencia de caídas permanentes desde 2010, las reservas del Banco Central se recuperaron levemente en 2014, llegando a 21.400 millones de dólares en junio. Ante la escasez de financiamiento externo, tal cantidad de dinero caracteriza a la situación del país como delicada, pues resulta suficiente para cubrir los vencimientos solamente por dos años más.
Tal panorama, que se combina con la fuerte devaluación reciente del peso, una inflación de casi 35% anual y un estancamiento económico, lleva casi exclusivamente a la alternativa de obtener nuevos créditos para afrontar los pagos o a un nuevo cese de pagos. "Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad. Se tomaron las medidas para impedir que la reconstrucción de la situación financiera de la Argentina esté en riesgo por pequeños grupos de bonistas que no buscan otra cosa que jaquear a los países", dijo el ministro Kicillof en su ponencia sin, no obstante, revelar el plan.
El mandato de Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner, termina en diciembre de 2015.
