Un clima beligerante crece entre los ámbitos político y judicial de Argentina a medida que se aproxima el fin del útimo mandato de la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Buscando revelar una trama de corrupción en la que aparecen conexiones con el narcotráfico y la práctica de diversos fraudes, las investigaciones vienen convergiendo recurrentemente en […]
Dirigentes Digital
| 01 dic 2014
Un clima beligerante crece entre los ámbitos político y judicial de Argentina a medida que se aproxima el fin del útimo mandato de la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner.
Buscando revelar una trama de corrupción en la que aparecen conexiones con el narcotráfico y la práctica de diversos fraudes, las investigaciones vienen convergiendo recurrentemente en lo más alto del Poder Ejecutivo.
Como informara DIRIGENTES, nada menos que el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ya fue procesado por la compra, incompatible con la función pública, de una imprenta que acuñaba moneda para el Estado.
El hombre de la caja
La actuación de la Justicia se enfoca ahora en un empresario que saltó a las primeras planas a partir de denuncias periodísticas que lo caracterizan como una suerte de tesorero en las sombras de fondos ilegales de la familia presidencial.
Se trata de Lázaro Báez, que iniciara una relación con Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz (Patagonia Argentina), cuando éste último era gobernador y el primero un incipiente contratista de la construcción. Su proximidad con el político fue creciendo en contrapunto con las obras que le fueron adjudicadas a su empresa Austral Construcciones después que Kirchner llegara la presidencia (2003).
Las sospechas se basan en el veloz crecimiento de su patrimonio, "injustificable legalmente", dicen los investigadores. Antes de empresario, Báez era un empleado bancario y sus ingresos no se corresponden con el capital de la empresa, que pasó de 12.000 a 500.000 dólares en tan sólo tres meses, apuntan las denuncias.
Obras públicas, negocio privado
Desde 2005, su empresa recibió 5.200 millones de dólares del Gobierno a través de licitaciones. En 2006, el exbancario comenzó a comprar propiedades, llegando a pagar 28 millones de dólares por diez terrenos.
Otro ejemplo de la relación que mantenía con los Kirchner es el hotel de lujo Alto Calafate, que Báez pasara a controlar con empleados propios a través de la firma Hotesur.
La revelación aporta datos que son considerados indicios de ilegalidades, como el pago retroactivo de la totalidad del complejo, sin usar de hecho esas habitaciones, por un valor mensual equivalente a unos 60.000 dólares desde 2009.
"No soy corrupto", dijo el acusado en octubre de 2012, negando también ser multimillonario, aunque admitiendo haber comprado las tierras cuestionadas.
La ruta del dinero
Una investigación periodística llevó en abril de 2013 a la apertura del expediente judicial "Báez, Lázaro Antonio y otros S/ encubrimiento y otros", más conocida como "La ruta del dinero K".
La causa se inició a partir de las declaraciones de dos testigos que admitieron haber enviado a la banca suiza unos 70 millones de dólares y haber desviado fondos públicos adjudicados a empresas de Báez.
La lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío, el mismo que procesó al vicepresidente Boudou. El Gobierno habla de "persecución" y apunta su munición contra el magistrado.
Cristina Kirchner, al regresar a su puesto tras casi un mes de licencia por salud, dijo el 26 de noviembre: "A esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar", en referencia a la presunta mano del fondo NML para delatar las cuentas argentinas en Suiza y a la acción del juez.
Fue justamente de Suiza de donde surgió la noticia que ahora atormenta al Gobierno por alcanzar a un hombre tan cercano a la jefa de Estado. El bloqueo asciende a 22 millones de dólares y es parte de la investigación que el Ministerio Público helvético ejecuta en 100 cuentas del argentino "en relación con blanqueo de capitales y operaciones sospechosas de lavado".
Paradojas
Quien dio el puntapié para que el caso llegara a la Justicia y orientó las sospechas hacia la presidenta fue el periodista Jorge Lanata, fundador y exdirector del diario Página/12. El matutino representa la paradoja de haber sido una voz crítica del Gobierno en el pasado y hoy un medio prácticamente cooptado por la Casa Rosada (sede de la Presidencia).
Lanata, por su parte, dispara desde el conglomerado Clarín, al que el Gobierno considera enemigo declarado.
