Ha habido que esperar al último día de plazo que tenían los administradores de Isolux para conocer que su agujero patrimonial no tiene nada que ver con la estimación que se realizó en julio de 2017, tras la declaración de insolvencia. En ese momento, las cifras rondaban los 800 millones de euros, una cantidad que se queda corta tras la revelación de que la deuda alcanza los 5.695 millones de euros entre la compañía de construcción y sus filiales. La cantidad total, una vez descontado el activo de 1.865 millones de euros, queda en 3.830 millones de euros, una cifra que multiplica por cinco el agujero que afirmaba tener Isolux en julio del año pasado. La afirmación que se recoge en el informe es inequívoca, ya que se explica la quiebra por el “elevado endeudamiento”. La segunda fase se producirá cuando el juez dé su aprobación al informe de los administradores. Los administradores concursales consideran que la salida al exterior provocó el endeudamiento de la compañía en un intento por esquivar el retroceso de la obra pública en España. Después, para intentar frenar la escalada de deuda, se pusieron en marcha acuerdos con fondos de inversión, así como intentos de salida a bolsa. En ambos casos fracasaron y el resultado es una deuda descontrolada. La búsqueda de un inversor o la cobertura de la deuda por medio de la salida a bolsa podrían haber supuesto una solución, dado que el activo no es suficiente ni para cubrir una tercera parte de la deuda total de Isolux. La mala situación no termina ahí, ya que los administradores no descartan que las filiales que aún no han caído sigan el mismo camino que la matriz del grupo. La empresa mantiene un listado de más de 2.000 acreedores que no hacen más que aumentar las dificultades para solventar los problemas de Isolux.
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