La jefa antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, ha cedido a la reclamación del juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel y la financiación ilegal del PP, y ha enviado un informe de 24 páginas en la que aclara las dudas del magistrado de cómo tenía que haber tributado la formación política el millón de euros en donaciones ilegales.
La Agencia Tributaria insiste en que el PP, como en el primer escrito, que las donaciones, tanto las legales como las ilegales, estarían exentas al estar destinadas a actividades de la propia organización como suceden en las ONG. El informe subraya que el partido hubiera cometido irregularidad si estos fondos se hubieran destinados a fines lucrativos o se hubieran repartido entre los asociados.
De todas formas García-Valdecasas, ha realizado los cálculos exigidos por Ruz. En la anterior ocasión respondió al juez que no se podían aplicar los criterios fiscales a voluntad del magistrado. Bajo los criterios de Ruz, Hacienda señala que en 2008 el PP habría defraudado 220.000 euros, muy por encima del límite fijado por la ley para delimitar el delito fiscal.
No obstante, la Agencia Tributaria indica que las donaciones a entidades sin ánimo de lucro "siempre" han estado exentas, y añade que el único requisito legal para la aplicación de la exención es que los fondos se dediquen al objeto principal de la entidad sin ánimo de lucro. Este uso habría quedado "acreditado" en el proceso judicial.
Y añade que siempre que se tratara de una donación ilegal, supondría en todo caso una infracción administrativa a sancionar por el Tribunal de Cuentas, "con un régimen sancionador que acaba de ser agravado en la reciente reforma de la ley de financiación de partidos políticos".
La Agencia Tributaria, también añade otra simulación, en la que añade los gastos deducibles que utilizó el PP en su declaración a Hacienda. En este caso, el partido defraudó 25.000 euros, que en la práctica quedaría en una sanción administrativa.
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