La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional presidida por el magistrado Enrique Bodas ha estimado la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y ha suspendido la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para las dos próximas jornadas del campeonato.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) había solicitado medidas cautelares al considerar que era una huega política por ir contra un decreto ley que regula la venta centralizada de los derechos audiovisuales de los clubes que no afecta a lo laboral. La Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente la huelga antes de analizar jurídicamente el conflicto.
Según el auto, los magistrados condicionan la suspensión de la huelga a la aportación de una caución por parte de la LFP de cinco millones de euros que deberan depositar en la cuenta bancaria de la Sala antes de las tres de la tarde. Es decir, la Liga tiene que depositar una fianza de cinco millones de euros antes de las 15:00 de este jueves.
El pasado jueves 7 de mayo, la Federación Española de Fútbol anunció, al terminar la reunión de su Junta Directiva, la "suspensión indefinida de todas las competiciones a partir del 16 de mayo", en desacuerdo por el decreto aprobado el pasado 30 de abril en el Consejo de Ministros sobre la repartición de los derechos deportivos de estas competiciones. El sindicato de futbolístas se sumó entonces a esta convocatoria de huelga, anunciando que no jugarían a partir del mismo día 16.
La RFEF justifica esta decisión por lo que entienden una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el fútbol español, "que ha sido ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno de España, en su papel de institución responsable global del fútbol en nuestro país, y socio integrador de la FIFA y de la UEFA".
El pasado 30 de abril, en un hecho sin precedentes, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto Ley, que establecía la venta conjunta de los derechos televisivos, con objeto de dar un impulso al campeonato para lograr una Liga más competitiva y con mayores ingresos.
Estas pretensiones del Gobierno han chocado con las exigencias de futbolistas y federación, que pasan, entre otras, por plantear que los ingresos procedentes de la venta de los derechos audiovisuales sirvieran como garantía para el cobro de las deudas salariales de los jugadores y que un porcentaje de la cantidad total se destinase al sindicato; más dinero para la división de plata y descartar de la norma el control económico sobre las entidades.
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