"Prudente" es la palabra que emplea la agencia de calificación crediticia para describir cómo será la aplicación de la normativa de recuperación y resolución bancaria (BRRD por sus siglas en inglés) a las entidades helenas. Pues, explican, se tratará de evitar la imposición de pérdidas para algunos acreedores, en particular, los depositantes.
Según el acuerdo alcanzado por Grecia y sus acreedores el pasado 14 de agosto, de los 25.000 millones que irán a parar a los bancos, un tramo de 10.000 millones se desembolsará como muy tarde el 15 de noviembre, supeditado a la realización de unos tests de estrés y de calidad de los activos a los bancos y a la aplicación de medidas para hacer frente a los préstamos problemáticos, así como a la reforma del sector y de la gobernabilidad.
Fitch calcula que los bonos senior de las cuatro principales entidades financieras griegas en manos privadas ascienden a 4.700 millones de euros (a finales de 2014), por lo que su capacidad para absorber pérdidas es limitada. Por otra parte, han emitido 49.000 millones en deuda garantizada por el Gobierno, bajo el paraguas de la liquidez de emergencia (ELA por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo (BCE), lo que dificulta la imposición de pérdidas.
Recordemos que el objetivo de la BRRD es reducir al mínimo el coste de las quiebras bancarias para el Estados y los contribuyentes, aunque reconoce que hay algunas circunstancias limitadas en las que las autoridades puede proporcionar apoyo en lugar de imponer pérdidas a la totalidad de acreedores privados.
Así, el respaldo público solo entrará en escena cuando accionistas y acreedores hayan contribuido a absorber pérdidas y a recapitalizar por no menos del 8% del pasivo del banco. También permite una "recapitalización preventiva", bajo ciertas condiciones: hace falta una examen pormenorizado (como el que se está llevando a cabo), pero sólo habrá ayudas para los bancos solventes que se estima no cumplen con los requisitos para su resolución.
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