El "acuerdo de la vergüenza" que comenzó a gestarse hace dos semanas entre Europa y Turquía para devolver a todos los refugiados en Grecia al país otomano tendrá que ser ratificado por los líderes europeos los dos próximos días. Pero la presión que está ejerciendo la opinión pública, ONG’s y la ONU y el incumplimiento flagrante del derecho al asilo que contempla la Convención de Ginebra, ha obligado a Bruselas a replantearse su postura.
"Cada persona tendrá que ser evaluada individualmente", ha indicado el vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans. "No puede haber deportaciones colectivas ni devoluciones en caliente", ha explicado para adaptar el acuerdo a la legislación internacional.
El dirigente ha remarcado que el acuerdo tendrá carácter "temporal y extraordinario" y que solo se podrán realizar deportaciones si se respeta el marco legal europeo e internacional en materia de asilo, como realizar entrevistas individuales y dar a la persona el derecho a apelar. Sin embargo, no está claro que los refugiados que se encuentran en territorio heleno permanecerán en el país hasta que las autoridades decidan si les otorga el asilo o no.
Las negociaciones de Europa y Turquía habían provocado una crisis institucional en España. El Gobierno en funciones defendía en principio el acuerdo en contra de la mayoría del Parlamento. Finalmente, hoy el Ejecutivo y la oposición han pactado una postura común para que sea defendida por Mariano Rajoy mañana. El documento contempla doce puntos en el que Gobierno y oposición manifiestan su "oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea", pero no rechaza en sí la expulsión de refugiados a Ankara. Además incluye la propuesta de abrir rutas seguras a través de visados humanitarios.
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