La inversión pública en infraestructuras en la economía, es, en palabras del Consejo Económico y Social en su informe 02/2016, un instrumento esencial de la política económica, pues afecta a la productividad, a los mercados de bienes y servicios, a la cohesión del territorio y al desarrollo de las zonas más favorecidas. Este mismo informe sostiene que, una reducción de estas inversiones, afecta negativamente al desarrollo económico a largo plazo, reduciendo el PIB futuro, la recaudación fiscal y la capacidad de hacer frente a la deuda pública. Según explica EY en su informe “La crisis del sistema de contratación pública en España”, el peso de la contratación pública en el PIB mundial supone entre el 13 y el 20% según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE). En Europa, la contratación pública se situaba en torno al 20% del PIB, y en España en 2015 suponía cerca del 10,4% del PIB (unos 100.000 millones de euros) y daba empleo a cerca de un millón de personas. Esta reducción en las inversiones públicas ha afectado directamente, como es obvio, al sector de la construcción, uno de los más importantes para la economía española antes del estallido de la crisis. El sector de la construcción ha visto cómo en apenas ocho años ha reducido su actividad a la mitad; en 2007 la construcción suponía el 21,1% del PIB español, y en 2015 apenas el 10,4% pese a que el PIB es ahora más elevado que entonces. 
La inversión en construcción en España también se ha reducido a la mitad entre 2007 y 2015, hasta los 112.246 millones de euros en ese último año. La Asociación Española de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ya advirtió de que España necesita invertir, al menos, 40.000 millones de euros al año solo en infraestructuras prioritarias para alcanzar los niveles de otros países europeos. Sin embargo, desde EY señalan que la caída en las cifras de contratación pública de obras y concesiones no es solo un problema de que haya menos inversión, sino de que la calidad del proceso de contratación no es la adecuada. Los expertos de la consultora identifican tres problemas que están perjudicando al sistema de contratación de obras públicas. Y uno de ellos es la corrupción. Transparencia Internacional España afirma que la contratación pública es un foco de atracción para la corrupción, y le atribuye (directa o indirectamente) la existencia de prácticas corruptas. A nadie nos son ajenas las múltiples investigaciones abiertas por supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, España se situaba en 2016 en el puesto 36 de 168, muy por detrás de los puestos de otros países europeos, como Suecia (número 3), Alemania (número 10) o Francia (número 23). Para EY, los continuos casos de corrupción relacionados con las obras públicas suponen un doble problema: por un lado, los delitos que se van conociendo y que tienen un impacto muy perjudicial en la eficiencia de las infraestructuras en términos económicos. Y, por otro lado, que se ha extendido una opinión negativa y una alarma pública en relación a los procesos de contratación. Este entorno de desconfianza entre los ciudadanos en torno a la contratación pública hace que los propios técnicos de la Administración teman cualquier irregularidad (aunque sea un simple error) que pueda hacer saltar las alarmas sobre corrupción, explican desde EY. Por último, la falta de una adecuada planificación en las licitaciones hace que aparezcan, con frecuencia, circunstancias imprevistas que pueden suponer mayores plazos o costes que los inicialmente previstos. Además, para EY el precio tiene mucho peso en los criterios de adjudicación de las obras y los sistemas para valorar la oferta económica son inadecuados. Esto lleva a que, en algunos casos, empresas sin solvencia económica se hagan cargo de los proyectos públicos.
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