Los efectos de la crisis no solo son para los ciudadanos, también para la Administración. Hacienda acumula una deuda pendiente de cobro de 50.224 millones, prácticamente el doble desde que empezó la crisis en 2007. Solo el último ejercicio ha ofrecido un pequeño respiro al estancarse. El mayor incremento se produjo en 2013 cuando ascendió un 8%, según el Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Tributaria,elaborado por el Tribunal de Cuentas.
Durante el último ejercicio con datos completos, los de 2013, la deuda pendiente al final del ejercicio alcanzó los 50.174 millones de euros, con 29.000 millones de nueva deuda. La Agencia Tributaria canceló deuda por, pero sólo recuperó 17.981 millones, los otros 9.608 millones se dieron por perdidos. El informe incluye las explicaciones de los responsables de Hacienda que argumentan que no toda la deuda pendiente se puede exigir al contribuyente, ya que, por ejemplo, las deudas suspendidas no son exigibles hasta que no se levanta la suspensión por resolución del correspondiente recurso o reclamación, así como la deuda concursal y la deuda aplazada, que no se pueden cobrar hasta que se produzca, en su caso, un incumplimiento del aplazamiento.
El Tribunal Cuentas opina que esta situación se produce falta de un procedimiento para tramitar insolvencias o rehabilitaciones parciales a los contribuyentes, lo que lleva a que la declaración de fallido de un deudor o su rehabilitación suponga la consideración de toda su deuda como incobrable o rehabilitada.
La deuda correspondiente a procesos concursales creció "de manera muy significativa" (+46%) entre 2012 y 2013, "en coherencia con la situación económica", alcanzando los 7.682 millones de euros. En 2012 se cancelaron 1.442 millones de euros y otros 1.984 millones más al año siguiente en deudas derivadas de concursos de acreedores, y apenas ingresó 1.154 millones de euros en este proceso entre los dos ejercicios.
El Tribunal de Cuentas también denuncia otros mecanismos de la Agencia Tributaria por su ineficacia como el embargo de cajas de seguridad de entidades bancarias en los casos de insolvencias aparentes. Según los datos del órgano remitidos por Hacienda, se realizaron 542 acciones en 270 sucursales de 24 entidades financieras de todo el país y embargaron 344 cajas de seguridad, que deberían haber recaudado 319 millones, solo se recuperó 2 millones.
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