El sí de la Comisión Europea al borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 dio inicio a la cuenta atrás para su aprobación, previsiblemente en marzo. El documento contiene las partidas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio, así como los ajustes diseñados por el Ejecutivo para cumplir con el Programa de Estabilidad de Bruselas en relación al déficit. Se espera que España corrija su desfase del -4,6% registrado en 2016 hasta el -3,1% durante este ejercicio. El texto analizado es una prórroga de las cuentas anteriores con las medidas de contención del gasto e incremento de la recaudación previstas para lograr este objetivo. El Gobierno espera que el PIB avance un 2,5% según los últimos datos, aunque en el documento está fijado un avance del 3,8% para 2017, fundamentalmente impulsado por la demanda interna. La cuantía total sobre la que se realizan las previsiones sitúan a la economía española en los 1,157 billones, frente a los 1,114 de 2016. Los ingresos presupuestados ascienden en total a 436.000 millones de euros, mientras que los gastos a 478.000 millones. De estas partidas, la recaudación en impuestos sobre la producción e importaciones sería la más cuantiosa (11,81% sobre el PIB). Las siguientes por volumen de aporte son las cotizaciones sociales (12,07%) y los impuestos sobre la renta y la riqueza (9,61%). Las dos últimas suman en total un 21,6% del PIB, lo que supone hasta 251.000 millones. En el lado de los gastos, los bloques con mayor volumen son las transferencias sociales (17,96%), las remuneraciones a los empleados (10,63%) y el pago de intereses (2,66%). El gasto social (tradicionalmente dedicado al pago de las pensiones y las prestaciones por desempleo) alcanza los 208.000 millones, mientras que el pago de intereses (mayoritariamente de la deuda) supone unos 31.000 millones. Ambas partidas constituyen casi el 50% del total en el gasto presupuestado. De las transferencias sociales sólo se dedica un 1,51% sobre el global a las ayudas del paro. Para cubrir ambos desembolsos haría falta disponer del total de la recaudación por impuestos directos y por cotizaciones. La contención del gasto De cara al cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas, el Ejecutivo ha incluido una serie de ajustes sobre los Presupuestos anteriores con el fin de corregir el exceso de gasto e incrementar la recaudación fiscal. En la partida de ingresos, se incluye la reforma del Impuesto de Sociedades ya puesta en marcha sobre el pago fraccionado y el incremento del tipo nominal. Se espera que esta medida haya aportado un balón de oxígeno de 8.300 millones para la Administración en 2016. La segunda medida es la no bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, cuyo impacto se dejará notar en 2017 y podría ascender a los 1.300 millones. Por último está la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles, que incrementarían las arcas en 24 millones. Por el lado de los gastos, el Gobierno adoptó el año pasado un acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 2.000 millones y adelantó la orden de ejecución presupuestaria y cierre a julio, lo que supuso un ahorro extra de 1.000 millones. Sin medidas adicionales, el Ejecutivo ha reducido aproximadamente el gasto en 3.000 millones durante 2016. Las partidas más afectadas fueron consumos intermedios y gastos de capital.
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