Se trata de una cantidad 7,7 veces superior al acuerdo firmado en marzo por el Ejecutivo, dos gobiernos regionales y la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, para la recuperación del rio Doce, el más afectado por el vertido.
BHP, que asegura no haber recibido notificación formal de la reclamación, asegura en un comunicado que, "mantiene su compromiso de ayudar a Samarco para reconstruir la comunidad y restaurar el medio ambiente afectado por el fallo de la presa", pero se remite a este acuerdo firmado en marzo. "El acuerdo (una vez aprobado por los tribunales) proporciona un marco de compensación y corrección a largo plazo para responder al impacto de la tragedia de Samarco y la plataforma apropiada para que las partes trabajen conjuntamente", informa la nota.
BHP recuerda que Samarco, Vale y BHP Billiton Brasil han establecido una Fundación que desarrollar y ejecutar programas ambientales y socioeconómicos para remediar y proporcionar indemnización por daños causados por la ruptura de la presa. "Los proyectos de restauración y compensación serán informados por estudios técnicos y científicos realizados por expertos a nivel mundial", explica BHP Billiton.
Ese acuerdo, cuya impugnación ha sido solicitada por la fiscalía, pretendía evitar precisamente que el importe de la indemnización se fijara en los tribunales. Según un comunicado de la fiscalía, el acuerdo vulnera varios principios constitucionales al no haber contado "con ninguna participación efectiva de los afectados en las negociaciones" y por "limitar" el aporte de fondos por parte de las empresas destinado a la adopción de medidas compensatorias.
La nueva demanda contempla la reparación de los daños sociales, económicos y ambientales causados por la ruptura de dos diques de sendos depósitos de agua y residuos minerales. La ruptura de los diques causó una gigantesca riada tóxica que provocó incalculables daños a lo largo de 650 kilómetros de la cuenca del río Doce y además dejó a su paso 19 muertos, la mayoría en la propia mina y en el poblado de Bento Rodrigues, que fue sepultado por el barro.
La fiscalía responsabiliza a Samarco, propiedad de Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, además de al Gobierno brasileño y las gobiernos de los estados afectados, Minas Gerais y Espírito Santo, a los que considera que han contribuído a la catástrofe por "omisión o negligencia".
Para calcular el valor de la reparación, la fiscalía se ha basado en las inversiones que se han realizado para recuperar los daños del vertido de petróleo ocurrido en el Golfo de México en 2010, un desastre ambiental considerado "equivalente" al de Brasil, según estudios que maneja el Ministerio Público. La indemnización también incluye los "daños morales colectivos", por considerar que los daños trascienden los valores ambientales que pueden ser restaurados o compensados materialmente.
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