La Policía Federal brasileña registradó hace unos días el domicilio particular del expresidente, junto a otras propiedades a su nombre e incluso la casa de uno de sus hijos antes de detenerle, tras haber segurado que cuentan con pruebas para ello. El registro se debe a las confesiones de varios dirigentes de Petrobras que han admitido la financiación ilegal del gobierno de Lula Da Silva y la campaña electoral de Rousseff en 2010. Tras ser llevado a declarar por la policía, Lula da Silva salió libre.
Dirigentes de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez, en prisión por el escándalo de corrupción de la compañía Petrobras, dieron a conocer que la petrolera estatal financió ilegalmente la campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff en el año 2010, igual que hicieron con el expresidente Lula Da Silva.
Andrade Gutiérrez, la segunda mayor constructora del país, realizó un pago de 2,5 millones de dólares, camuflado en forma de contratos con una agencia de comunicación, para financiar la campaña de la actual presidenta del país.
Medios brasileños fueron quienes dieron a conocer el escándalo, el cual ha sido confesado por algunos de los dirigentes encarcelados, los cuales decidieron colaborar con la investigación a cambio de una reducción de la pena.
La investigación del caso de corrupción que terminó con el encarcelamiento de estos dirigentes ‘chivatos’ de la petrolera comenzó hace meses. El caso ya conocido como Petrolao, que supuso un desvío de 2.000 millones de dólares de Petrobras durante los dos mandatos del expresidente Luiz Lula da Silva, de 2003 a 2011, y el primero de la actual presidenta y sucesora Dilma Rousseff, sigue coleando.
La Policía Federal brasileña, en relación con el caso Petrolao, entró en varias residencias a nombre de Lula da Silva y su familia, incluyendo el domicilio particular del expresidente y el de uno de sus hijos.
Lula da Silva no tardó en hacer público un comunicado. En él expresó que jamás participó de manera directa o indirecta, de cualquier ilegalidad, ya sea en el caso que afecta a la petrolera o en cualquier otro, antes, durante o después de sus años al frente del país.
Las maniobras, en las que el expresidente afirma no haber participado, estuvieron destinadas a financiar campañas políticas del partido gobernante y sus aliados. De estas también se llegaron a beneficiar dirigentes de la compañía, algunos de ellos ahora en prisión.
El caso, todavía en proceso, ya ha salpicado a decenas de políticos, legisladores y dirigentes de la compañía petrolera. Dentro de esta lista están incluidos nombres de miembros del Senado, como Renan Calheiros, y de diputados, como es Eduardo Cuhna.
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