Las investigaciones de la Fiscalía apuntan que la tramitación del almacén de gas pudo haber vulnerado la ley. La acusación va directa contra el Ministerio de Medio Ambiente que autorizó el proyecto durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa impulsora de la plataforma, Escal, participada mayoritariamente por ACS y el Instituto Geológico y Minero.
A Castor siempre le ha perseguido la polémica, desde su nacimiento. La plataforma fue denunciada por ciudadanos y autoridades locales de Castellón por provocar cientos de seísmos en la zona. Finalmente, fue clausurado en septiembre de 2013 tras varios informes que responsabilizaba a la planta de los terremotos.
ACS renunció al proyecto y reclamó 1.600 millones por la inversión del proyecto. La compañía tenía una cláusula en la concesión que le otorgaba el derecho a devolver la concesión, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable del proyecto. Recientemente, al actual Gobierno no le ha quedado más remedio que indemnizar a la constructora.
En un principio, la Fiscalía había bloqueado la denuncia del PSOE y la Generalitat por Castor, ya que se basaba en el pago y no en la construcción de la plataforma.
hemeroteca
