La acusación pide nueve años y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público para el ex presidente de la Generalitat. La Fiscalía considera también a la ex vicepresidenta catalana Joana Ortega y a la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau "cooperadoras necesarias" para dichos delitos, por lo que pide para ellas nueve años de inhabilitación.
Los tres ex dirigentes de la Generalitat están acusados de desobedecer al Tribunal Constitucional, que días antes de la consulta del 9N había prohibido dicho referéndum. Los fiscales les acusan de afirmar que la consulta fue llevada a cabo por voluntarios pese a que hubo implicación institucional.
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