Eduardo Torres Dulce ya había indicado su intención de querellarse contra el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, porque consideraba que existió delito al llevar a cabo la consulta sobre la independencia catalana el 9 de noviembre. Torres Dulce había convocado a la Junta de Fiscales después de que la Fiscalía catalana decidiera no apoyar su decisión porque consideraban que existía una "ausencia de base jurídica" para presentar esta querella.
Además de contra el presidente de la Generalitat, la propuesta de Torres Dulce de querellarse también incluiría a la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau. El debate se ha prolongado durante cuatro horas y aunque no ha habido votación únicamente un fiscal se ha mostrado reticente ante la tesis de Torres Dulce
La Junta de Fiscales es un órgano consultivo que no tiene poder de decisión. El procedimiento final de la querella corresponde de esta forma al fiscal general del estado. Los delitos que estarían incluidos en la querella serían: revaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones.
Los fiscales catalanes
Esta serie de delitos eran los que ya se incluyeron en el borrador enviado por la fiscalía a la Junta de Fiscales catalana, que decidió no apoyar la decisión de Torres Dulce. Los fiscales catalanes no veían base jurídica para realizar esta actuación. Debido a esta decisión se decidió convocar a la Junta de Fiscales para pedir su opinión.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también se ha pronunciado sobre la decisión de los fiscales catalanes. El titular de Justicia ha asegurado que estos han actuado con absoluta autonomía y que por su parte, el fiscal general del Estado ejerce sus funciones con capacidad y calidad.
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