Es el gran debate en torno a la industria de gestión de activos. Y también el principal nubarrón en el horizonte de extrema regulación que aumentará los costes en un contexto en el que las comisiones estarán bajo mayor presión todavía. La transposición de la directiva MiFID II pondrá fin al llamado sistema de retrocesiones que se aplica en la comercialización de fondos de inversión. O al menos eso pretenden. Porque tal y como explican desde la CNMV, la norma sí endurece los requisitos para cobrar estas tasas de distribución: obliga a desvelar la comisión que los asesores cobran a sus clientes, pero no significa que estén prohibidas.
Los expertos coinciden en que el nuevo escenario juega a favor de la transparencia, pero según desvelaron los expertos en un reciente acto organizado por IIR España, estas comisiones pueden llegar a suponer hasta un 75% de la comisión de gestión de un fondo. Una cifra demasiado elevada que sin duda podría dañar la cuenta de resultados de las entidades.
Según el informe Futuro de la Gestión de Activos elaborado por PWC y la Fundación de Estudios Financieros (FEF), el RDR (Retail Distribution Review) que se aplica en Reino Unido desde finales de 2012, fue concebido para acabar con el potencial conflicto de intereses que surge cuando los inversores utilizan asesores financieros independientes para buscar fondos en los que invertir, y el regulador observó que estos asesores dirigían a los inversores a los fondos que les proporcionaban las comisiones más elevadas, en vez de los más adecuados a sus perfiles.
En definitiva. La normativa establece la prohibición del cobro de incentivos o retrocesiones de terceros en la prestación de determinados servicios de inversión, como el asesoramiento o la gestión discrecional de carteras. Los expertos vaticinan que con la extensión de este modelo a otros países, se tenderá a modelos de gestión de activos de bajo coste.
Y en este escenario, la máxima preocupación es que este impacto en los costes presionen los precios y los márgenes de los distintos conceptos que se facturan y que supongan una pérdida en la calidad del servicio.
"Es evidente que la mejor manera de asegurar la independencia de los asesores es que sean retribuidos directamente por el inversor y no por el producto, pero pocos clientes parecen dispuestos a pagar una comisión por el servicio de asesoramiento cuando en la actualidad aparenta ser gratuito, al estar incluido en el coste del servicio", explican los expertos.
Desde el sector también insisten en que el caso de Reino Unido ha supuesto además un drástico descenso de los clientes minoristas con acceso a asesoramiento. "Se estima en este escenario que en Reino Unido un 30% de los IFAs (asesores financieros independientes) habría desaparecido", explican. Por el contrario, la nueva regulación ha favorecido el mayor interés de los clientes en productos de inversión pasiva.
El malestar ante este escenario es evidente entre los gestores españoles, ante la transposición de MiFID II. Pero no por el hecho de ser más transparentes, sino porque estos requisitos no se aplican a todas las áreas financieras más allá de las Instituciones de Inversión Colectiva. "Nosotros tendremos unos costes explícitos y otros los mantendrán implícitos", aseguran.
Ante este escenario, el sector insiste en que "se considera más útil que la regulación se encamine a mayores exigencias de transparencia de los rendimientos (con índices públicos de gestión discrecional de carteras similares al valor liquidativo de la inversión colectiva) que al desglose de las comisiones y prohibición de las retrocesiones".
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