El primer gran desafío para el Parlamento es superar el bloqueo político y formar Gobierno para afrontar las necesidades más acuciantes de España, que no son pocas. El futuro Ejecutivo a corto plazo debe consolidar la recuperación económica y la creación de empleo en un entorno complicado. Los coletazos del Brexit están complicando la existencia de la economía española y al resto de países europeos periféricos. El elevado endeudamiento y la incertidumbre que genera un posible Gobierno débil pueden provocar que aumente la presión sobre la deuda, a pesar del cortafuego establecido por el BCE. Después de medio año sin Gobierno, los deberes se van acumulando. La próxima semana, la Comisión Europea decidirá si sanciona a España por la desviación del déficit de 2015. El Ejecutivo comunitario aplazó la decisión para no influir en las recientes elecciones, pero a Bruselas le gustaría un Gobierno de España ya formado y estable para sancionar o arrancar nuevos compromisos de ajuste presupuestario Con Gobierno o sin Gobierno, España tendrá que lidiar con el ajuste de más de 8.000 millones por el déficit de 2015. Los nuevos recortes se tendrán que ver reflejados en los Presupuestos de 2016 que, para cumplir con los plazos, se deberían comenzar a elaborar después del verano para tenerlos listos antes de que termine el año. Todo hace indicar que las cuentas deberán ser pactadas con otros partidos y puede servir de moneda de cambio para garantizar la estabilidad política. Los presupuestos serán clave para marcar la política económica a medio plazo y deberán cumplir con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% en 2017. El compromiso presupuestario choca con la principal promesa electoral del Partido Popular de una rebaja generalizada de impuestos. Mariano Rajoy se comprometió en campaña a bajar el IRPF. El actual presidente en funciones deberá decidir si desafía a Bruselas o cumple con su palabra. La anterior reforma fiscal ya fue censurada por la Comisión Europea que achacó parte de la desviación a la rebaja de impuestos. La campaña electoral también ha puesto de manifiesto la necesidad de dar una vuelta de tuerca la reforma laboral. Los partidos han planteado retoques en las anteriores coincidiendo con una desaceleración de la creación de puestos de trabajo. Además, será inevitable convocar el Pacto de Toledo para un nuevo análisis en la reforma de pensiones debido a la precaria situación de las cuentas de la Seguridad Social. A pesar de la creación de empleo, no está siendo suficiente para cerrar el agujero de déficit que se está generando desde que comenzó la crisis económica. La situación se agrava por la disposición que ha realizado desde 2012 el Gobierno de Rajoy del Fondo de Reserva de las Pensiones para pagar las pagas extras de los jubilados. De aquí a final de año, también se tendrá que decidir el futuro de Bankia y BMN. Las esperanzas de recuperar parte de los 60.000 millones del rescate bancaria que fue financiado desde Bruselas se encuentra en la buena evolución del negocio de Bankia. Salvo un cambio en la legislación española antes de finalizar 2016 se debería privatizar ambas entidades.
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