A pesar de que el Parlamento de Venezuela declaró en la primera semana de enero el abandono de cargo por parte de Nicolás Maduro y demandó entonces una salida electoral, el país no encontró aún una solución institucional a la crisis. “La única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es la celebración de elecciones libres y plurales”, dijeron los 106 parlamentarios que firmaron un documento que pide la salida de Maduro, a quien consideran “al margen de las funciones constitucionales de la presidencia”. Los legisladores van más allá y consideran al heredero de Hugo Chávez como el responsable de una “grave ruptura del orden constitucional”, violación de derechos humanos y “devastación de las bases económicas y sociales” del país, según manifiestan en su declaración. Sin referéndum La opción de un referéndum revocatorio, una de las alternativas constitucionales con que los opositores buscaron desplazar al mandatario, quedó caduca en 2016. Por lo que ahora el espectro se reduce a elecciones anticipadas. Buscando ganar posiciones, Maduro reformuló su gabinete comenzando con la vicepresidencia, otorgada a Tareck El Aissami, a quien le confió la responsabilidad “por la seguridad ciudadana, la depuración de policías regionales y la lucha contra los terroristas de la extrema derecha”. Otro cambio fue la designación de un nuevo directorio en la petrolera estatal PDVSA para “sanear la corrupción incubada allí e ir a un proceso de recuperación”, dijo el mandatario en su programa de TV “Los domingos con Maduro”, el 29 de enero. Nuevos billetes y carnet Maduro anunció también la entrada en circulación, desde este 30 de enero, de los billetes de 5000 y 10.000 bolívares (equivalentes a 7,5 y 15 dólares, respectivamente). El billete de 100 bolívares, hasta ahora el de más alta denominación, sigue vigente hasta el 20 de febrero, dijo. Complementa esas medidas el registro de unos 6 millones de hogares venezolanos en un sistema llamado Carnet de la Patria, “un sistema de protección social que va a dejar con la boca abierta al mundo entero», dijo Maduro. Se trata de un sistema de administración de programas de viviendas y de suministro de alimentos a precios reducidos que, según el político, traerá “una profunda revolución”. Los críticos del programa señalan, en tanto, que es un “chantaje”, como lo consideró el excandidato presidencial Henrique Capriles. La devaluación de la moneda venezolana ha llegado al 700% en 2016 y las escenas de desabastecimiento continúan siendo comunes, al tiempo que se reiniciaron las protestas callejeras que piden la salida de Maduro, suspendidas desde fines de 2016 para favorecer el diálogo.
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