La filtración de evasiones al Fisco en exclusiva al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés) será un acelerador de las medidas para la transparencia fiscal que quiere liderar la Comisión Europea. Una presión más para las instituciones europeas que se suma al escándalo LuxLeaks que ya en noviembre de 2014 reveló la ingeniería fiscal que utilizaban centenares de empresas en Luxemburgo, cuando precisamente el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro del Gran Ducado.
Se trata sin duda de una oportunidad para que Europa haga de la transparencia fiscal su bandera, pero no basta con la intención de la Comisión Europea sino que es necesario el compromiso de todos y cada uno de los Estados miembros. Las propuestas de Bruselas tienen que ser aprobadas por el conjunto de países europeos. Sin su aval será difícil avanzar en este sentido.
El próximo 22 de abril los ministros de Finanzas y Economía del conjunto de Estados se darán cita en la capital belga en una reunión del Ecofin. Sería el marco perfecto para comenzar las discusiones al respecto y tantear las posiciones de todos los titulares de esta cartera. El problema al que se enfrentan es que el país que cuenta con una lista negra de paraísos fiscales tiene sus propios criterios. Y la idea es que en el primer semestre del año se encuentren criterios comunes para que la lista sea europea y común.
El trabajo no será fácil porque aún sigue habiendo países que no cuentan con una lista negra de paraísos fiscales a nivel nacional, como es el caso de, entre otros, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Italia o Alemania. Otros mirarán de forma recelosa cualquier iniciativa en este sentido porque considerarán que una vez más la Comisión intenta ir demasiado lejos entrometiéndose en las competencias que son exclusivas de cada país. Reino Unido ya torció el gesto cuando en junio de 2015 la Comisión publicó una lista negra de 30 países a nivel mundial, considerados los menos cooperativos en cuanto a información fiscal, donde incluyó a Andorra, Monaco, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes británicas o Panamá.
El objetivo ahora de la Comisión será hacer partícipes a todos los Estados europeos en la definición de los criterios que llevarían a considerar un país como un paraíso fiscal. Que cada Estado miembro tenga voz a la hora de establecer dichos criterios. La Comisión esperará contar también con un mandato claro para negociar con aquellos países que puedan entrar dentro de la lista negra, antes de que sea finalizada, para intentar suavizar sus actuaciones al respecto.
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