En febrero de 2015, el gobierno decidió privatizar el 49% de Aena por medio de la salida a bolsa. Se ha revelado como una entidad cuyo valor se ha revalorizado de manera constante, lo que ha llevado al ejecutivo a plantearse nuevas privatizaciones. La empresa que se encargaba de realizar los trabajos de auditoría para Aena antes de su salida a bolsa era PwC, que tras la decisión de privatizar una parte de la compañía recibió el encargo de revisar la comfort letter, imprescindible para culminar el proceso. Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), tras estudiar la relación entre Aena y PwC, ha decidido imponer dos sanciones del 5,25% de los ingresos que recibió la consultora por el último encargo de Aena, una cantidad que se encuentra cerca de los 10,5 millones. Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio de Economía prohíbe a PwC y a su socio Alejandro García López, quien también ha sido sancionado con 15.000 euros, realizar la auditoría de Aena durante tres años. La motivación del ICAC tiene que ver con un posible conflicto de intereses derivado de la anterior relación entre las dos entidades. Esto es, el Ministerio de Economía consideró que los trabajos necesarios para la salida a bolsa no podía realizarlos la misma empresa, por lo que obligó a PwC a abandonar el encargo que recibió de Aena. En este sentido, se trataba de evitar una posible pérdida de independencia del auditor. En ese momento, Aena convocó un concurso público para encargar esos trabajos, que finalmente recayeron en EY, que usó las valoraciones previas de PwC como base para llevar adelante los requisitos necesarios para la salida a bolsa. Según afirman varios medios, desde PwC se muestran convencidos de que los encargos realizados por la entidad cumplieron con las normas de independencia requeridas. De esa forma, la auditora ha recurrido la decisión del ICAC.
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