El tan reclamado paquete de ayudas directas a empresas, dotado con 7.000 millones de euros, supuso un rayo de esperanza para el tejido empresarial español, que camina por el desierto desde hace más un año. Sin embargo, no todos podrán beneficiarse de este ‘balón de oxígeno’. El Real Decreto-ley 5/2021 que contempla la Línea COVID recoge un listado con casi cien actividades económicas que podrán acceder a ellas como, por ejemplo, las relacionadas con la hostelería, comercio o cultura, pero no así las autoescuelas, peluquerías, centros de estética o souvenirs, situación que ha generado malestar entre algunos colectivos. 

Si bien la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, deja abierta la puerta a nuevas incorporaciones, dos millones de pymes quedan directamente excluidas. Según los cálculos realizados por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), a partir de los datos del INE, más de la mitad no va a recibir ningún tipo de compensación extraordinaria. Esto significa que, de las 3,4 millones de pymes registradas en el momento actual, tan solo podrán solicitarlas cerca de 1,5 millones, lo que en términos porcentuales alcanza el 47% del total. 

“Además de la preocupación por los plazos y por la no concreción de las cuantías que finalmente recibirán las empresas, consideramos que la inclusión de pertenencia a CNAE concretos para dirimir la elegibilidad no obedece a ningún patrón que determine su viabilidad ni el impacto económico que han sufrido durante esta crisis”, apostillan. Desde la organización defienden que hay miles de emprendedores en números rojos como consecuencia de las restricciones administrativas aprobadas y, pese a ello, “no pueden optar a compensaciones económicas” para salir a flote. 

Si se tiene en cuenta todo lo anterior, esto supone que el 59% de los negocios ubicados en la Comunidad de Madrid y el 56% de los localizados en Cataluña quedan automáticamente fuera, “simplemente por no pertenecer a CNAE específicos”.  

El tipo de sector no es la única condición suficiente que ha establecido el Gobierno. También hay que reunir otros requisitos como haber experimentado una caída de los ingresos superior al 30% a causa de la pandemia o no haber declarado pérdidas en el ejercicio anterior, “lo que podría dejar fuera a un gran número, pese a no ser un criterio determinante” a la hora de reflejar la situación de un negocio. En este sentido, Cepyme defiende que “muchas empresas en procesos de expansión suelen declarar pérdidas” y subraya que la Central de Balances del Banco de España contabilizó que un 33,2% de las organizaciones estaban en negativo en 2019. De esta cantidad, el 96% eran pymes y nueve de cada diez micropymes. 

Tres comunidades acaparan el 46% del fondo

Tras la convalidación de dicho plan en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el montante que corresponde a cada comunidad autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla. Así, está previsto que se efectúen las transferencias “con cargo a dos créditos extraordinarios”. De los 7.000 millones mencionados anteriormente, 2.000 millones son para Canarias y Baleares, mientras que los 5.000 restantes tendrán como destino el resto del territorio español. 

En base a ello, la principal receptora será Islas Canarias, con 1.144 millones, seguida de Andalucía 1.109 millones y Cataluña 993 millones, lo que se traduce en que el 46% del importe total irá destinado a una de estas tres regiones. En cuarto lugar se encuentra Baleares (855 millones); Comunidad de Madrid en quinto lugar (679 millones); Comunidad Valenciana (647 millones); Galicia y Castilla y León con 234 y 232 millones, respectivamente; Castilla La Mancha (206 millones); País Vasco (217 millones); Región de Murcia (142 millones); Aragón (141 millones); Principado de Asturias (107 millones); Extremadura (106 millones); Navarra (67 millones); Cantabria (55 millones); La Rioja (32 millones); Ceuta (13 millones); Melilla (12 millones). 

Para su distribución, el Ejecutivo ha seguido los mismos principios y ponderación que el fondo React-EU, que atiende a variables como la caída del PIB en 2020 moderado “en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas”, el nivel de desempleo y, dentro de este, la tasa de paro juvenil (16-25 años). En cuanto a los archipiélagos, la cuantía será proporcional a su peso relativo en el descenso de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos en 2020.