El Consejo de Ministros aprobará hoy la ley financiera donde entre los aspectos que se regularán se encuentra la financiación colectiva de proyectos a través de Internet, conocido como crowdfunding. Esta normativa pretende poner límites a la cantidad que se invierta en cada proyecto y diferenciar a los inversores profesionales.
¿Qué es?
El crowfunding consiste en buscar financiación a través de Internet. El emprendedor puede utilizar una de las plataformas online para explicar qué quiere hacer, cómo va a llevarlo a cabo y qué inversión necesita. Para llegar a la cantidad final, se piden pequeñas inversiones con una escala variable, que en función del proyecto puede comenzar entre los 20 ó 30 euros, hasta llegar a cifras de dos o tres ceros. Con cada una de las inversiones, el emprendedor ofrece algo a cambio. Por ejemplo, en el caso de la publicación de un libro podrá ofrecer con la menor inversión el regalo de un libro, con la siguiente un libro más su versión ebook, con la tercera: el libro, el ebook y una mención especial en él y así sucesivamente.
Además de este crowdfunding de recompensas, existen otro tipo más similar al capital riesgo que es el que parece que quiere regular el Gobierno. En esta caso, los inversores reciben como recompensa no un producto, sino una participación en la empresa. Por tanto, la normativa buscaría controlar los límites de inversión y la tributación de este tipo de acciones.
¿Para qué sirve?
Sirve para financiar proyectos que de otra forma no tendrían salida. En muchos casos son proyectos culturales como el rodaje de un documental o la publicación de un libro. De hecho, la plataforma Verkami se define como un crowdfunding para la creación. Pero también hay casos que buscan otro tipo de proyectos empresariales, como la creación de un nuevo producto para una empresa o continuar con una línea de investigación.
¿Qué regulará la normativa?
La normativa pretender poner orden en los topes que se pueden invertir en proyectos concretos y en cada plataforma. Además, pretende diferenciar entre el inversor particular y el inversor profesional. En un primer momento, el borrador de la ley establecía un límite de un millón de euros por proyectos y restringía a 3.000 euros las contribuciones de cada uno, con 6.000 euros de límite por plataforma anualmente. Sin embargo, la normativa que está prevista que se apruebe este viernes busca ampliar este límite empujado por las reivindicaciones de grandes plataformas que se encuentran a favor de crear un marco legal, pero pedían que se ampliara el margen de inversión.
Actualmente, existe un vacío legal en la normativa relativa a esta actividad. La tributación por tanto, se asimila a una venta privada en el caso del crowdfunding de recompensa y tributa como tal. Si se trata del tipo inversor, se asemeja a la legislación que afecta al capital riesgo.
En otros países, como Estados Unidos ya existe una normativa que regula este tipo de actividades. La conocida como Jobs Act también restringe las inversiones. De esta forma, marca los límites en función del sueldo de cada persona. Un inversor con un salario menor a cien mil dólares deberá escoger entre 2.000 dólares o el 5% de su sueldo, si esta cifra es mayor. Por su parte, los que tenga una gran renta tendrán el límite en los 100.000 euros, o en en el 10% de su sueldo en el caso de que esta sea una cifra menor.
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