Desde el 1 de enero, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España se ha incrementado un 8%, hasta quedar en 707,6 euros/mes (825,7 euros/mes si se divide en 12 pagas). A pesar de la aplicación del real decreto ley que regula esta medida, la retribución mínima sigue estando 172 euros por debajo de la media de la eurozona. La diferencia es aún mayor si nos fijamos en que el mínimo que debe recibir por ley un español sigue siendo 1.173 euros inferior al de los luxemburgueses, los que más cobran, y hasta 654 euros al de vecinos como Francia. El SMI fija la cuantía retributiva mínima que debe recibir un trabajador por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga, en un país determinado. La actualización periódica del indicador se produce para contrarrestar la subida de precios que se produce vía inflación, aunque también influyen otros factores como la productividad media nacional o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. A la cabeza del ranking comunitario se encuentran Luxemburgo (1.998,6 euros/mes), Irlanda (1.563,3 euros/mes) y Holanda (1.551,6 euros/mes). En estos países, el SMI no es común a todos los trabajadores, sino que se gradúan en una escala de salarios mínimos crecientes con la edad. De hecho, España es el único país que tiene una retribución mínima común tanto para los jóvenes como para el resto de grupos. La media de la zona euro está en los 998,2 euros/mes, y por debajo se sitúan el 66,7% de los países. Los sueldos mínimos más bajos se dan en Letonia (380 euros/mes), Lituania (380 euros/mes) y Eslovaquia (435 euros/mes). Hasta cuatro países dentro de la moneda única han optado por no regular esta cuantía mínima, entre ellos Italia, Austria, Finlandia y Chipre. El caso español La subida del sueldo base ha generado tantos apoyos como críticas en España. Por un lado, los partidos de izquierdas y los sindicatos llevaban tiempo pidiendo esta medida para ajustas los salarios a la subida de la inflación de los últimos meses (3% en enero) y evitar la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, los detractores argumentan que un incremento basado en la normativa y a expensas de la productividad puede generar el efecto contrario sobre el empleo. Esta semana el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado un informe sobre las consecuencias del aumento en el mercado laboral español. El documento recoge que la medida podría ser dañina para los trabajadores más vulnerables (rentas bajas, temporales y jóvenes) por el incremento en el coste para los empleadores, que podría traducirse en contratos más precarios, temporales y despidos. Además, señala que este incremento no tiene porque traducirse al salario medio, que determina en última instancia el dinamismo del consumo y la demanda.
hemeroteca
