El nuevo marco legislativo de energía y clima de la Unión Europea (UE), modificado durante el mandato de la actual Comisión para iniciar una nueva etapa en la consecución del objetivo de emisiones netas nulas en 2050, está compuesto por una serie de medidas que requieren una visión de conjunto que permita comprender el impacto que tienen sobre las empresas, para poner en marcha estrategias de descarbonización a largo plazo, independientemente del sector en el que operen.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘El Pacto Verde y su impacto en la industria de la UE: medidas adoptadas y retos futuros’, elaborado por Christopher Jones, profesor de la Escuela de Regulación de Florencia, y publicado por Fundación Naturgy, que se ha presentado hoy en un webinar en el que han participado también expertos del sector.

El estudio realiza un repaso de las leyes más importantes y las nuevas políticas de energía y clima que se han implementado en los últimos cuatro años, desde que en 2021 la Ley Europea de Clima entró en vigor estableciendo el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 55% para 2030, y alcanzar la neutralidad climática en 2050. No obstante, el pasado mes de febrero, la Comisión Europea presentó la recomendación de reducir las emisiones de GEI en un 90% para 2040.

Asimismo, este documento también analiza la potencial repercusión de este marco regulatorio en la industria europea a lo largo de la próxima década. “Es inevitable que estos cambios signifiquen que habrá ganadores y perdedores. Prever estos cambios y poner en marcha una estrategia corporativa para evitar costes y para aprovechar las oportunidades será tan importante para la rentabilidad corporativa de amplios sectores de la industria de la UE como, por ejemplo, los costes labores”, señala Christopher Jones en el documento.

La Comisión Europea ha identificado una serie de condiciones que son fundamentales para alcanzar el objetivo climático para 2040. Entre ellas destaca la descarbonización total de los sectores de la electricidad y de las industrias del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (RCDE) en 2040, lo que implica inversiones anuales de 1,5 billones de euros aproximadamente. Otras condiciones clave son la plena implementación del actual marco legislativo de la UE; el desarrollo de un marco político posterior a 2030 con foco en la industria sostenible y la competitividad; y el despliegue de la captura de carbono, el cual facilitará las absorciones industriales.

Jones entra en detalle en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDC) apuntando al desafío fundamental que representa para Europa. “La UE está fijando el precio de las emisiones de carbono para su industria, mientras que las empresas de otros países no están expuestas al mismo nivel de coste climático”, señala.

“Llevar a cabo todas estas acciones supone grades desafíos industriales, políticos y económicos para la Unión Europea, porque se requieren importantes esfuerzos e inversiones que eclipsan todas las realizadas hasta ahora, e incluso, aquellas que están previstas hasta el año 2030”, destaca Jones. Además, hace énfasis en la necesidad de “cerrar la brecha entre las empresas europeas que, inevitablemente, tendrán que afrontar costes cada vez mayores, así como adoptar estándares ESG mucho más altos, frente a otras compañías rivales que no pertenecen a la UE”.

Tras la presentación de este informe, se ha llevado a cabo un coloquio en el que han participado expertos del sector energético para abordar los desafíos que plantea el nuevo marco regulatorio y su repercusión en la industria europea.

Andris Piebalgs, ex-comisario de Energía de la UE (2004-2009) y miembro de la Escuela de Regulación de Florencia, ha apuntado que, en el desarrollo de tecnologías limpias, solo se van a alcanzar los objetivos si se plantean desde un punto de visto europeo y no solo a nivel nacional. “La transición energética no está dirigida por el mercado sino por consideraciones políticas. El proceso de transformación solo va a funcionar si se consigue que sea algo 100% europeo. Como no existe un plan B, tenemos que ser lo más valientes posibles para alcanzar los objetivos propuestos”, ha indicado.

Por su parte, Klaus-Dieter Borchardt, ex director general adjunto de Energía de la Comisión Europea y asesor senior de Energía en Baker Mckenzie en Bruselas, ha destacado que “es importante que no caigamos en la trampa de acciones basadas en subsidios. Lo que realmente necesitamos es centrarnos en los cambios estructurales necesarios para alcanzar un sistema energético totalmente integrado en Europa. No tenemos que presionar para conseguir tecnologías unificadas como hemos hecho en el pasado, sino que no tenemos que descartar ninguna tecnología”.

Borchardt ha puesto en valor las infraestructuras y las necesarias inversiones en ellas. “La descarbonización de la demanda no va a ser posible si la energía renovable no consigue sus objetivos por falta de redes eléctricas. Necesitamos una reforma completa de las redes europeas en un periodo breve de tiempo, para lo que hay que realizar un análisis de manera integrada, evitando los silos”.

Preguntados por su opinión sobre el informe Draghi, Andris Piebalgs ha señalado que “es un excelente informe que va a seguir durante, al menos, el primer año de este mandato de los nuevos comisarios. Desde luego va a influir durante un tiempo en Europa, aunque es muy difícil decir ahora si ese impacto será decisivo”. Por su parte, Borchardt comparte la opinión positiva sobre el informe, aunque considera que los nuevos comisarios de energía tendrán que definir las medidas y los plazos necesarios para hacerlo realidad.