Bruselas se ha levantado en pie de guerra contra la evasión y la ingeniera fiscal. El escándalo de los Luxleaks todavía escuece al sacar a la luz las costuras del sistema tributario en Europa, por donde se escapan miles de millones de euros que se debería recaudar de las grandes empresas, con el beneplácito de los respectivos Gobiernos. Se descubrió que Luxemburgo pactaba una tributación a la carta para las grandes multinacionales, saltándose el principio de libre competencia dentro de la Unión. La Comisión y otras instituciones sospechan que es una práctica generalizada en determinados países europeos.
En la Eurocámara se ha abierto una Comisión para perseguir estas prácticas y han sido convocados los responsables fiscales de países como Andorra o Liechtenstein y los responsables de compañías que están en el ojo del huracán.
Representantes de Google, Apple, Ikea y McDonalds han respondido a las preguntas de los eurodiputados sobre su tributación en la Unión Europea. La vicepresidenta para las Operaciones Europeas de Apple, Cathy Kearney, ha defendido que la compañía paga los impuestos donde opera acorde con la ley. Apple que tiene su sede en Europa en la ciudad irlandesa de Cork, y es objeto de investigación por parte de la Comisión Europea, que sospecha que Irlanda le otorga ventajas fiscales ilegales.
En la misma línea se ha pronunciado el responsable de la política económica de Google en Europa y otras partes del mundo, Adam Cohen, compañía que también está investigada por la misma circunstancia, pero ha cargado la responsabilidad a los Gobiernos, que son los que redactan las normas, "las empresas solo las cumple. IKEA y McDonalds han remarcado que pagan los impuestos que le corresponden.
El Europarlamento también convocó a Fiat y Starbucks pero han rechazado la invitación. Se da la circunstancia que son las compañías más hostiles ante las denuncias de la Comisión Europea. Las dos compañías han sido sancionadas con la devolución de 20 y 30 millones, respectivamente, de exenciones fiscales por aprovecharse de condiciones abusivas en Holanda y Luxemburgo. Starbucks se niega a pagar, mientras Fiat ha recurrido la multa en los tribunales.
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