El anuncio de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado en el Congreso de los Diputados no está exento de controversia. El incremento de la cotización máxima a la Seguridad Social será de un 8,6%, con una subida de hasta 54.000 euros anuales, el máximo de la retribución salarial.
Dicha tributación conlleva un aumento de la recaudación del sistema y, por ende, un ascenso en la cuantía abonada por los empresarios que son quiénes se hacen cargo del pago de esa base. Medida que afectará especialmente a aquellos que tengan en plantilla a profesionales con un salario bruto mensual que alcance los 4.495 euros (actualmente, 4.139,40 euros mensuales).
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, respaldada por Unai Sordo, presidente de Comisiones Obreras, presentaba esta misma semana tales presupuestos en la sede de CCOO. Ambos expresaron su desconcierto ante las declaraciones previas a la reunión por parte del presidente de la patronal de los empresarios, Antonio Garamendi, refiriéndose a ellas con “sorpresa” por parte de la ministra y tachándola de “sobreactuación” en el caso del secretario general del sindicato.
Indignación por parte de la CEOE
El representante de la CEOE participaba ese mismo día en el Foro Económico ‘La empresa ante los nuevos retos de 2023’ en el que, a lo largo de un discurso en el que analizó la delicada situación que atraviesa el tejido empresarial español, no dudó en hacer hincapié en que hay que trabajar con “sentido de Estado” además de con “lealtad institucional” para que todo el país reme en la misma dirección. “No se puede hablar de ricos y pobres”, añadía Garamendi, al igual que tampoco “radicalizar la sociedad”.
Palabras que cobraban fuerza cuando le preguntaban por los nuevos Presupuestos Generales para el próximo año en los que la patronal no ha sido consultada ni tenida en cuenta para su desarrollo. Un reproche a unas bases que Garamendi tildaba de “no ajustadas” en la realidad económica en la que se encuentra España, por lo que mostraba su preocupación.
Asombro del Gobierno que se ampara en la Constitución
“Es evidente que el sistema de pensiones tiene que ser sostenible, no solo en el corto sino también en el medio plazo, y lo hacemos en el año próximo con esa revalorización y la aportación nueva que hacemos a la hucha de las pensiones de casi 3.000 millones de euros”, aseguraba Montero. Algo que, en palabras de la titular del ministerio de Hacienda, también se hizo con el Gobierno del PP en 2013 y 2014, aún con una inflación negativa.
La ministra no dudó en criticar que a día de hoy haya quien se plantee una subida de las pensiones o el “impuesto de solidaridad”, además de, junto con Sordo, ensalzar el matiz social de los PGE para 2023. Es la Constitución quien les otorga este tipo de decisiones, tal y como recordó la ministra.
El presidente de CCOO añadía así que “Tanto deteriora el déficit público un incremento de pensiones como una bajada de impuestos”. Sordo no entiende que aquellos que están en contra de la revalorización de las pensiones, sean los que aboguen por una bajada de impuestos para los colectivos de mayor renta.
2022-10-14 06:19:35
