¿Cómo se podrían reducir los automóviles de las ciudades? Hay muchas formas de reducir la presencia de coches en la ciudad, pero todas ellas deben poner al usuario en el centro. Ello implica que el transporte público sea cada vez más el eje central de la movilidad urbana y metropolitana. La sociedad demanda un modelo […]
Dirigentes Digital
| 22 ago 2023
Hay muchas formas de reducir la presencia de coches en la ciudad, pero todas ellas deben poner al usuario en el centro. Ello implica que el transporte público sea cada vez más el eje central de la movilidad urbana y metropolitana. La sociedad demanda un modelo de ciudad en el que no tiene cabida el vehículo particular, ni si quiera el coche eléctrico porque ocupa espacio y no es, por tanto, una solución definitiva a los problemas de movilidad. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) -y la consecuente tasa de circulación que introducen- se posicionan como una de las medidas más eficaces. Sin embargo, su éxito recae en que el ciudadano no vea alterado su patrón de movilidad.
Si obligas a la demanda del coche privado a desplazarse hacia otros sistemas de movilidad sostenibles, debes ofrecer soluciones bien planificadas, inteligentes, prácticas y adaptadas a sus nuevas necesidades. Y ello pasa, indudablemente, por la intermodalidad y un incremento de la capacidad y frecuencias del transporte público. Porque la movilidad es un derecho social que debe dar respuesta, de forma inclusiva y universal, a las necesidades de todas las personas, tal y como reconocía la que iba a ser la nueva ley de movilidad sostenible. Además de las ZBE, la creación de calles peatonales, carriles bici segregados y carriles bus -los cuales garantizan tiempos de viaje competitivos- también fomentan la eliminación del coche. El punto de partida para acabar con el modelo tradicional es la alianza del transporte colectivo con el peatón y la bicicleta, consiguiendo así la integración de estos modos de transporte.
Para todo lo anterior se requiere de una reconfiguración del espacio público. Un espacio que, hasta ahora, estaba orientado única y exclusivamente a la circulación de vehículos o personas. Hay que transformar las ciudades para que nuestras calles sirvan tanto a los que pasan como a los que atraviesan, a los que viven o los que trabajan.
En lo que se refiere a la calidad de los servicios de transporte urbano y periurbano colectivo de nuestro país se puede afirmar que, sin ningún tipo de duda, se encuentra entre los mejores del mundo. Basta con hacer uso de los mismos servicios en cualquier otra ciudad europea, asiática o americana para hacer la comparación. Otra cosa distinta es si se puede aumentar la cantidad de servicio que se ofrece, lo cual es, bajo nuestro punto de vista, totalmente posible y necesario.
El transporte público debe remar a favor de la lucha contra la despoblación, asegurando la conectividad de todas las áreas rurales. En el contexto actual, la tecnología nos ofrece propuestas muy interesantes para garantizar el derecho a la movilidad en estas zonas. A este respecto, se está trabajando para impulsar los sistemas de transporte a demanda, en tiempo real. Allí donde no existen líneas convencionales o son insuficientes, el servicio debe estar garantizado cuando los usuarios lo precisen. De este modo, además, los operadores ven reducidos sus costes por la optimización de los recorridos -e, incluso, la adaptación del vehículo- según las solicitudes.
En concreto, Asturias está muy desarrollado. También zonas de Cataluña donde se está implantando transporte a demanda que es el modelo que más se adecúa a las necesidades de las zonas específicas con baja densidad.
El apoyo de los gobiernos y las administraciones es fundamental. Y no solo en términos económicos. Se necesita coordinación entre los distintos modos de transporte (tren de larga distancia, los regionales, metros, tranvías, buses) e, indiscutiblemente, un aumento de la capilaridad que requiere de una mayor inversión. La red de redes debe ser percibida como una única red que satisfaga las necesidades de la población y busque la cohesión social.
Nuestra actividad está estrechamente ligada con el desarrollo económico de zonas con menor densidad. El transporte público no solo es un servicio básico, sino que además permite el acceso al resto: hacemos accesibles los servicios básicos a los ciudadanos. Con respecto al desarrollo puramente económico, el transporte permite la conectividad de la población con los núcleos urbanos, lo que promueve la movilidad laboral. Si no proveemos a la ciudadanía de una red de transporte público que le permita acudir a un puesto de trabajo en áreas industriales cercanas, no estamos incentivando la vida en las zonas rurales. Y esto también supone una barrera para las empresas que no encuentran talento local.
Lo mismo ocurre con la inversión. Al facilitar el acceso a los centros industriales y comerciales, se fomenta el intercambio económico y la creación de redes empresariales. Esto puede conducir al establecimiento de nuevas empresas, al crecimiento de las existentes y al desarrollo de cadenas de suministro más sólidas en las zonas rurales. Nuestra actividad también está estrechamente ligada al turismo. Una red de transporte público incentiva a los turistas para conocer España más allá de las grandes urbes y ello, sin duda, genera ingresos adicionales a las comunidades locales y promueve la conservación del patrimonio cultural.
Desde ATUC, llevamos años trabajado para que la digitalización en la gestión del transporte colectivo no sea un mantra vacío de objetivos y contenido. Es necesario explorar el uso de la tecnología como herramienta -y no como un fin en sí misma- para resolver los grandes retos de movilidad: eficiencia, sostenibilidad y seguridad. La digitalización proporciona una gran cantidad de datos sobre la operación del transporte público. Una información que los operadores pueden utilizar para mejorar la gestión de la demanda de movilidad. Esto ha permitido desarrollar aplicaciones de planificación no basadas exclusivamente en la oferta, sino destinadas a modular y orientar la elección de los itinerarios, de los horarios o de los modos de desplazamiento.
La tecnología más llamativa atañe a los sistemas de control de la localización de los vehículos que, además de facilitar la integración de diferentes modos de transporte, permiten redirigir o desviar los servicios en caso de incidente o facilitan la adaptación de los sistemas de regulación del tráfico. Por otro lado, los nuevos sistemas de pago (contactless, QR) proporcionan información de los desplazamientos en tiempo real para una toma de decisiones más precisa y rápida. En este sentido, el avance de la tecnología puede permitir, en un futuro cercano, implantar tarifas dinámicas con precios que pudieran variar en función del día, la hora o la ruta, asociándolas a factores que influyan en el coste real del viaje, como congestión de tráfico o incluso ocupación del vehículo.
La penetración de la tecnología ha demostrado ser un impulso de la eficiencia en todos los sectores. También en el del transporte colectivo. La digitalización permite automatizar tareas y procesos repetitivos. Los sistemas digitales pueden realizar tareas más rápidamente y de manera más precisa, lo que ahorra tiempo y reduce los costes asociados, por ejemplo, a errores humanos. También permite una optimización de toda la cadena de suministro al proporcionar visibilidad en tiempo real de las operaciones, permitiendo una planificación más precisa y una respuesta más rápida a los cambios. Esto puede reducir los costes relacionados con el inventario, el transporte y el almacenamiento. Además, las nuevas técnicas telemáticas y automáticas han impulsado nuevos procedimientos para un mantenimiento no solo preventivo, sino predictivo, tanto de los vehículos como de las infraestructuras de transporte público.
Por último, la digitalización proporciona acceso a grandes volúmenes de datos, lo que permite obtener un mayor conocimiento de la demanda e impulsar herramientas de análisis avanzadas que derivan en una planificación más eficiente de las rutas.
La sostenibilidad no solo aplica al mero cambio modal de la población en detrimento del vehículo privado, sino también en hacer cada vez más limpios y verdes los transportes alternativos, con el apoyo de la tecnología. El sector está comprometido con la reducción de emisiones del transporte colectivo, tanto de las contaminantes como de los gases de efecto invernadero. Para las compañías operadoras, estos compromisos son un reto económico y organizativo de gran envergadura, pues la renovación de flota es exigente en términos de inversión (de vehículos, sistemas de mantenimiento e instalaciones de recarga) y en términos de gestión.
El proceso hacia la descarbonización tiene que ser abordado con el máximo rigor y equilibrio posible. En primer lugar, porque los costes de un vehículo eléctrico nuevo multiplican por dos o por tres los costes de un vehículo de combustible fósil de última generación. Teniendo en cuenta que el presupuesto es limitado y fijo, hay que barajar si la mejor opción para renovar el parque es una combinación de tecnologías nuevas eléctricas, híbridas y fósiles mejoradas. En segundo lugar, dado que una parte de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero se producen en el proceso de fabricación de los vehículos, hay que evitar un achatarramiento prematuro de los mismos, pues se reduciría la eficiencia ambiental de su ciclo de vida completo.
Los fondos Next Generation han servido de impulso para modernizar las flotas. Sin embargo, esto no ocurre al ritmo que todos desearíamos debido, principalmente, al coste de adecuación de las instalaciones y el desconocimiento sobre la vida a largo plazo de las baterías. El sistema eléctrico está preparado para integrar la demanda asociada a la recarga del vehículo eléctrico, pero para avanzar se requiere de voluntad política. Si queremos acelerar la transición hacia la descarbonización es necesario invertir en infraestructura. Una infraestructura eléctrica que no es especialmente barata. Por ello, se necesita de la colaboración público-privada, ayudas sostenidas en el tiempo y un avance en la tecnología de producción que permita precios competitivos para una flota de transporte urbano. Para una completa transformación del parque de vehículos se requiere que los precios de estas tecnologías resulten tan atrayentes como los de las tecnologías a las que sustituyen. Nuestra previsión es que los 400 vehículos eléctricos que, actualmente, prestan servicio en las urbes españolas se conviertan en un millar en el próximo ejercicio.
Sin duda. La inversión en movilidad urbana sostenible puede generar importantes beneficios económicos y sociales, incluida la creación de empleo y el impulso de la competitividad económica. La movilidad es un objetivo transversal, necesaria para la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto hace que el sector se encuentre en alza (en términos industriales, económicos y medioambientales) y requiera la implicación de nuevos actores. La apuesta por la investigación y la innovación tiene un enorme potencial de generar empleo y crecimiento económico en sectores emergentes, como el de los vehículos eléctricos y autónomos, la infraestructura de carga y las soluciones digitales de movilidad compartida.
Por ejemplo, se requerirán profesionales de diferentes sectores (construcción, energía, IT) para desarrollar toda la infraestructura de carga. También será necesario formar técnicos especializados en la reparación, mantenimiento y conducción de las flotas eléctricas. Actualmente, el transporte colectivo urbano cuenta con cerca de 60.000 empleos directos (13.500 en los metropolitanos, 1.000 en tranvías, 32.500 en los autobuses urbanos y 10.000 en el ferrocarril de cercanías). El desarrollo de aplicaciones y plataformas digitales de movilidad requerirán que la plantilla se amplíe con más expertos en tecnología y, por supuesto, una mayor colaboración entre empresas y organismos gubernamentales.
A pesar de ser una ley básica, aportaba una estructura muy importante para la planificación de la movilidad colectiva en nuestro país. ATUC lleva más de una década trabajando por una ley de financiación porque España es el único gran país europeo que no cuenta con una ley estatal que aborde este ámbito. Las subvenciones en nuestro país dependen de decisiones políticas arbitrarias según los PGE, lo que nos impide una planificación efectiva de nuestros servicios con cierta previsión. La Ley de Movilidad Sostenible pretendía solventar estas deficiencias, dotándonos de una estructura y una asignación de responsabilidades para la financiación de los sistemas de transporte público. La norma, además, permitía mejorar la financiación de las empresas de transporte urbano al elevar del 7% al 25% la aportación de fondos a los sistemas metropolitanos -de 450 millones a 1.500 millones-. Un incremento necesario y urgente dada la situación económica de los operadores tras la pandemia.
Desde luego, veíamos el nuevo marco normativo con optimismo porque era un avance en cuanto a financiación, ordenamiento, mediciones y coordinación entre administraciones e importante también porque habla del derecho a la movilidad. Y, sobre todo, avanzaba soluciones para remediar un presente en el que la subvención estatal al transporte colectivo del país se encuentra ridículamente por debajo de lo que dedican otros países europeos.
Este año, el Congreso, celebrado en el marco de la Global Public Transporte Summit de la UITP, ha puesto la vista en las personas. A lo lardo de dos días y diferentes sesiones, se abordaron todos los temas que preocupan a los diferentes actores en la actualidad: desde transporte inclusivo, flotas sostenibles y vehículos autónomos, pasando por la política tarifaria y la financiación, hasta la ordenación del espacio público y las ZBE. La conclusión común a todos ellos es que el papel del transporte público tiene una especial relevancia, no solo como herramienta, sino también como fuente de progreso social. Vivimos una época en la que la sociedad quiere reconquistar el espacio para las personas. En este contexto, el transporte público es y va a ser cada vez más el eje central de la movilidad urbana y metropolitana.
