Miles de académicos, profesores y trabajadores sanitarios están entre los despedidos a través de un nuevo decreto de emergencia publicado en el Boletín Oficial el sábado, mientras que 15 medios de comunicación, de los que casi todos informan desde el área kurda del sureste, fueron cerrados. A través de decretos, las elecciones para elegir a rectores de las universidades también han sido abolidas. El presidente Tayyip Erdogan elegirá directamente a los rectores de entre los candidatos elegidos por la Alta Junta de Educación. Turquía ha arrestado formalmente a más de 37.000 personas y ha despedido o suspendido a 100.000 funcionarios, jueces, fiscales, agentes de policía y otros en un ajuste sin precedentes que el Gobierno dice que es necesario para sacar a todos los seguidores de Gulen del aparato del Estado y de posiciones clave. El estado de emergencia impuesto justo después del intento fallido de golpe en julio ha sido ampliado por otros tres meses hasta enero, después de que Erdogan dijo que las autoridades necesitaban más tiempo para erradicar la amenaza que supone la red de Gulen, al igual que los milicianos kurdos tras 32 años de insurgencia. Según informa Reuters, el número total de medios de comunicación cerrados desde el inicio del estado de emergencia supera los 160. La extensión de las medidas preocupa a los grupos de derechos humanos y a algunos aliados occidentales, que temen que Erdogan esté utilizándolas para acabar con la disidencia. El Gobierno dice que las acciones están justificadas por el fallido golpe de Estado del 25 de julio, cuando más de 240 personas murieron. Ankara quiere que Estados Unidos detenga y extradite a Gulen para que pueda ser juzgado en Turquía por el cargo de planear el intento de derrocar al Gobierno. Gulen, que ha vivido en un exilio autoimpuesto en Pennsylvania desde 1999, niega cualquier participación.
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