La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) identificó, en 2016, la existencia de más de 1.500 inmuebles de argentinos en Uruguay no declarados. El resultado fue posible tras el cruce de datos inmobiliarios, migratorios y financieros de ambos países. Otra investigación también permitió hallar propiedades en Estados Unidos a nombre de personas físicas y sociedades, principalmente en Miami, un destino favorito de los argentinos desde los tiempos en que su moneda se había equiparado a razón de 1 peso=1 dólar (década de 1990). Ahora, una norma uruguaya fija un plazo (30 de junio) para que los argentinos allí regularicen su situación bajo el apercibimiento de que entonces su tributación aumentará significativamente. Estados Unidos también prometió ayudar al Gobierno argentino para identificar evasores. Transparencia internacional Llamada Ley de Convergencia con los Estándares Internacionales de Transparencia Fiscal Internacional, la nueva ley uruguaya entró en vigor el 1 de enero de este año y define un nuevo cuadro tributario que, en esencia, es un aumento de las obligaciones fiscales. De esta manera, el Impuesto al Patrimonio de no residentes pasa a ser del 3% (era de 1,5%), el gravamen sobre alquiler pasa a 30,25% (era del 10,5%) y la tributación sobre la venta de inmuebles pasa a ser del 25% sobre la operación (era del 8%). La norma se aplica a bienes de las sociedades offshore (llamadas “panameñas” en Uruguay) y ofrece dos opciones para adaptarse al nuevo cuadro: transferir los bienes a sociedades residentes o domiciliarse en Uruguay a través de un régimen abreviado. Desde el 1 de enero también rige un un acuerdo que Argentina firmó en 2016 con Estados Unidos para acceder a las cuentas de los argentinos residentes en aquel país. «El acuerdo se produce en el actual escenario de cooperación impositiva internacional», dijo el entonces ministro de Hacienda de Argentina, Alfonso Prat-Gay. El hábito de evadir Las acciones uruguaya y norteamericana están sintonizadas con las iniciativas del Gobierno argentino para pasar a limpio la situación patrimonial de miles de ciudadanos que, por diversos motivos, no han declarado sus bienes. Acuerdos similares están en tratativas con Australia, Canadá e Italia. La magnitud de la evasión argentina es desconocida, tanto fuera como dentro del país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es el distrito más poblado de Argentina, el propio director de la agencia recaudadora, Gastón Fossati, admitió recientemente la incógnita. “No tenemos un índice confiable de la evasión. Vamos a comparar, en diferentes industrias, los niveles de actividad económica con la base de ingresos brutos, para ver si hay incongruencias”, dijo el funcionario, en una entrevista publicada por el diario La Nación el pasado 22 enero. Por último, la agencia fiscal argentina (AFIP) establece que los contribuyentes pasen a declarar bienes no registrados anteriormente sin penalidades, más allá de una tasa del 10% que queda en cero si el exevasor compra bonos públicos que el Gobierno dice que utilizará para ajustar el pago a 2,5 millones de jubilados.
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