Ante el incremento de los tipos de interés, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete normativo, negociado con las patronales bancarias -AEB, CECA y UNACC- y el Banco de España, con el objetivo de aliviar la situación financiera de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, preservando la estabilidad financiera y facilitando su pago de la hipoteca. En este sentido, la iniciativa trata de actuar a través de tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

Según informan desde Moncloa, en la actualidad existen 3,7 millones de hipotecas referenciadas al Euribor, de las que cerca de un millón podrán beneficiarse de esta iniciativa. En esta línea, “gracias a las medidas de protección de rentas y a la bajada del stock de crédito, los hogares tienen una posición financiera más saneada con más ahorro y menos endeudamiento que en el pasado”. Así, la ampliación de las medidas a las que pueden acceder permitirá a los hogares, por una parte, “disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria de forma efectiva” y, por la otra, “tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera”.

Alivio para los deudores hipotecarios

De las tres medidas en las que está englobada la iniciativa, la primera modifica el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en el año 2012, “con el fin de adaptarlo a la situación actual”. Se entiende por familias vulnerables aquellas con rentas inferiores a los 25.200 euros al año, lo correspondiente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. De este modo, se reduce el tipo de interés aplicable durante los cinco años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, “pasando del Euribor más 0,25% al Euribor menos 0,10%”, explican.

Además, estos deudores también podrán solicitar la reestructuración del préstamo hipotecario, se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual y se amplía de seis a 12 meses el periodo contemplado para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3% de su valor, “por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual”. 

En este contexto, el comunicado emitido por el Gobierno también indica que esta medida es necesaria para las familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que pongan en riesgo el pago de la hipoteca y deban reducir gastos de primera necesidad, permitiendo a los deudores vulnerables aliviar su carga financiera de forma inmediata.

En segundo lugar, la iniciativa lanzada por el Gobierno propone un nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria. Este apartado se dirige a las familias de clase media con rentas inferiores a 29.400 euros, 3,5 veces el IPREM, que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%.

En estos casos, las entidades financieras “deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable al principal que se aplace y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años”. Según señaló la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, esta medida permitirá hasta a 700.000 familias adaptarse gradualmente al nuevo escenario de tipos de interés.
 
En tercer lugar, la propuesta del Gobierno pasa por seguir reduciendo los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo y a eliminar las comisiones por amortización anticipada y por conversión durante el próximo año 2023. En este sentido, se ha anunciado que se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos que ya se trabaja para que estén operativos a partir del 1 de enero.

Primeras reacciones

Tras el anuncio de las medidas económicas para aliviar el gasto hipotecario, las reacciones no se han hecho esperar. Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) consideran que se trata de una iniciativa “oportuna” y han agradecido la ampliación del marco de beneficiarios y la previsión de medidas de control. No obstante, también han detallado que, a pesar de que las propuestas se limitan a los hipotecados con un tipo variable, aquellos que cuentan con un tipo fijo “pueden caer en sobreendeudamiento” y alertan de que no haya un “adecuado reparto de los costes de las medidas”. En este sentido, afirman que “aparentemente se descargan exclusivamente en los consumidores pese a los beneficios que viene declarando la banca en un contexto de crisis como el actual”.

Además, también sostienen que, con la ampliación de los plazos, el consumidor sigue abonando más. Es decir, “si la cuota se amplía a siete años en una hipoteca media a tipo variable, el consumidor vería reducida su cuota mensual en 100 euros aproximadamente (de 624 a 519 euros), a cambio de abonar 12.411 euros extra de intereses”.