Amundi ha analizado la situación de la normativa fiscal europea advirtiendo de la complejidad de la actual situación. El endurecimiento monetario unido con las elevadas deudas de los países periféricos hacen que sea necesario actuar y crear un nuevo escenario para el control de las cuentas públicas. Especialmente ahora que el BCE ha anunciado que […]
| 03 ago 2022
Amundi ha analizado la situación de la normativa fiscal europea advirtiendo de la complejidad de la actual situación. El endurecimiento monetario unido con las elevadas deudas de los países periféricos hacen que sea necesario actuar y crear un nuevo escenario para el control de las cuentas públicas. Especialmente ahora que el BCE ha anunciado que dejará de comprar bonos soberanos para controlar las primas de riesgo y se pasará al TPI, que exige importantes cambios para poder acceder a él.
"Tras años de riesgo periférico latente, el reciente resurgimiento de los problemas de fragmentación en Europa, en medio de crecientes riesgos de estanflación en un momento en que los Bancos Centrales se comprometen a domar la inflación, pone el delicado equilibrio fiscal y monetario en el punto de mira. Ante un régimen de mayor inflación, pedimos un nuevo conjunto de reglas fiscales diseñadas para superar los límites del antiguo marco demasiado rígido de talla única", comentan Pascal Blanqué (Presidente) y Tristan Perrier (Macroeconomista) de Amundi.
La primera de ellas llama a reemplazar los actuales estándares para el déficit público – que debe ser inferior al 3% – por un control sobre el gasto. "Las normas del 3% de déficit / PIB y del 60% de deuda / PIB podrían interpretarse únicamente como objetivos a muy largo plazo, mientras que el "derecho derivado" que rige el proceso de ajuste podría modificarse para dar cabida a objetivos de deuda óptimos a medio plazo específicos para cada país, basados en un análisis estocástico de sostenibilidad de la deuda. Una regla de gasto garantizaría entonces que el gasto público no aumente más que el crecimiento del PIB potencial (si no es necesario el ajuste) o menos (si es necesario el ajuste)", señalan en el informe.
Según apuntan en el paper de Amundi Institute, aunque esta propuesta puede abrir la puerta al riesgo moral, observamos que una estrategia de inversión pública debe superar muchos más obstáculos que los de su financiación (en particular, los desafíos burocráticos y políticos de decisión y ejecución). Las cláusulas de exención de la regla de gasto podrían estar vinculadas a los compromisos de reforma de la oferta y depender de la magnitud de los planes de inversión financiados a nivel de la UE. Podría existir la posibilidad de un acceso privilegiado a esos fondos de la UE para los países fiscalmente conformes.
"Hay margen para dar más fuerza (incluyendo el poder de rechazar el presupuesto, al menos temporalmente) a las Instituciones Fiscales Independientes supervisadas por una institución de la UE que definiría métodos y procesos comunes", sotiene Blanqué.
La deuda emitida por un país de acuerdo con las normas de la UE (hasta el 60% del PIB) sería senior, mientras que el exceso de deuda sería junior. Para mantener el principio de sanción, la deuda junior no sería elegible para las operaciones de QE del BCE y los desincentivos deberían ayudar a minimizar su tenencia por parte del sistema bancario. También habría que establecer un proceso de impago soberano ordenado (sólo para la deuda junior).
Como es probable que el ajuste fiscal tenga implicaciones para las cuentas corrientes intracomunitarias y los cambios en la competitividad relativa, esto debería tenerse en cuenta cuando se formulen las recomendaciones fiscales (por ejemplo, las recomendaciones de ajuste deberían atenuarse en caso de que puedan aumentar un superávit por cuenta corriente ya sobredimensionado con respecto a otros Estados miembros del euro).
