Las finanzas sostenibles y su regulación están en continua transformación desde que comenzó el despliegue normativo en el año 2018. Sin embargo, cinco años después, la Comisión Europea sigue trabajando en la creación de un marco definido y definitorio para que la industria financiera pueda trabajar con claridad. Por eso, en el ASEAFI Green Evolution […]
Las finanzas sostenibles y su regulación están en continua transformación desde que comenzó el despliegue normativo en el año 2018. Sin embargo, cinco años después, la Comisión Europea sigue trabajando en la creación de un marco definido y definitorio para que la industria financiera pueda trabajar con claridad. Por eso, en el ASEAFI Green Evolution de 2023, se ha abordado la actual situación y, especialmente, lo que podría producirse en los próximos años.
El pasado mes de agosto de 2022, una nueva normativa llegó para seguir completando el puzle de las finanzas sostenibles. Se trata del Green Mifid, que no es otra cosa que preguntar a los clientes por sus preferencias de sostenibilidad. Algo que, en apariencia, puede resultar sencillo, no lo es y está generando un cierto quebradero de cabeza en la industria, especialmente en cuanto a la creación de producto. Algo de lo que han hablado Manuel Rodríguez Torrecillas, selector de fondos de renta fija de Abante, y Fernando Ibáñez, cofundador y director general de Ética.
“Muchas casas no saben bien cómo encajar el Green Mifid y los asesores ni si quiera tienen, a veces, una oferta de producto alineada con lo que los clientes están respondiendo en los test de preferencias. Nos encontramos en una situación compleja”, advierte Rodríguez Torrecillas.
Para Ibáñez, existe una gran disonancia entre el inversor profesional y el particular. “El inversor profesional tiene más medios más formación y cuando decide invertir de manera sostenible es más fácil encontrar productos para él”, explica. Sin embargo, el particular “todavía no sabe qué es ESG y no tiene relevancia para él. Se ha hecho un gran esfuerzo regulatorio, que no tiene compensación en la demanda”.
Otro aspecto preocupante tiene que ver con el aluvión regulatorio y la propia formación de los asesores. En cuanto al primer punto, “tenemos que tratar de bajar toda la información y regulación sin abrumar al cliente para que no suponga algo demasiado complejo”, añade el experto de Abante. Mientras que este mismo exceso regulatorio, “puede tener efectos en que los asesores terminen diciendo a sus clientes que pongan que no tienen preferencias en sostenibilidad o que tienen pocas para poder darle una mayor oferta de producto. Además, se corre el riesgo de que la complejidad normativa haga que se pierda el interés”, explica el director general de Ética.
Por el lado de las gestoras, Pilar Vila, head of marketing para España y Portugal de Schroders y Ana Rosa Castro Aguilar, head of wealth advisory business de Nordea, analizaron cómo está siendo integrar la nueva normativa europea para los fondos y la propia gestión.
“Se ha hecho de manera muy desordenada, ha habido mucha confusión por la falta de definición y de claridad. Por eso, yo creo que este año ha sido y está siendo de ajustes y adaptaciones y que nos queda un largo camino por recorrer”, se lamenta Vila. Una visión que también comparte Castro, que además agrega que “se está pidiendo lo mismo a todas las gestoras sin tener en cuenta las particularidades o tamaños de cada una”.
Una falta de claridad que ha provocado que este año se hayan producido una gran cantidad de reajustes. Por ejemplo, 350 fondos catalogados como artículo 9 bajaron a ser considerados artículo 8 por esa falta de claridad en la normativa lanzada desde Bruselas.
Para solventar estos problemas, las dos expertas señalaron que están poniendo un gran esfuerzo en la formación dentro de cada gestora y también en los procesos de transparencia y estudio. “Los clientes cada vez nos exigen una mayor claridad sobre porqué se integra una empresa en cartera a nivel de sostenibilidad”, comenta la head of wealth advisory business de Nordea.
En resumen, la implementación del Green Mifid, que busca conocer las preferencias de sostenibilidad de los clientes en finanzas, plantea desafíos significativos. La falta de alineación entre las respuestas de los clientes y la oferta de productos, así como la brecha entre inversores profesionales y particulares, crea complicaciones. El exceso regulatorio podría llevar a respuestas desfavorables o desinterés. La gestión de esta normativa ha sido desordenada, causando reajustes y confusión en la industria. La formación y transparencia se consideran soluciones clave para abordar estos problemas.