El documento en el que queda reflejado el pacto de un gobierno de Coalición entre PSOE y Unidas Podemos contiene medidas económicas muy concisas y los expertos ya se han puesto a echar cuentas. En este sentido, una de las primeras modificaciones que quieren llevar desde el Ejecutivo pasa por equiparar la cotización de los autónomos con sus ingresos reales, lo que podría provocar alzas de las cuotas a una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia.
El informe ‘Claves económicas de PwC: Acuerdo PSOE-Unidas Podemos para un Gobierno’, elaborado por esta consultora, arroja que si bien un 83% de los autónomos persona física cotiza por la base mínima, siete de cada diez declaran un salario superior al mínimo interprofesional (SMI), por lo que de llevarse a cabo esta decisión, estos verían incrementada su cuota.
Tal y como se encuentra diseñado el sistema en el momento actual en España, las personas inscritas al RETA pueden elegir entre una base mínima mensual de 884,4 euros o una máxima de 3.606 euros. En caso de escoger la primera opción, un autónomo persona física paga 264 euros, mientras que en uno societario asciende a 315 euros. Una encuesta elaborada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recoge una opinión muy dividida al respecto. Mientras que un 45,18% se muestra a favor de la adecuación de la base de cotización a los rendimientos netos, un 44% no la respalda.
PwC alerta del aumento del gasto
«El acuerdo refleja unas medidas económicas orientadas al aumento del gasto público y que fían toda la consecución presupuestaria a los ingresos», señalan desde la multinacional al tiempo que cifran la estimación de gasto de ligar las pensiones con el IPC, los salarios públicos y el gasto en educación e investigación en unos 35.000 millones de euros.»Estos 35.000 millones se añaden a un diferencial en recaudación a noviembre de 2019 de 27.000 millones de euros y una necesidad de ajuste de 10.000 millones adicional para cumplir con el pacto de estabilidad», aseveran en el citado informe.
Un montante que el Gobierno prevé cubrir tanto con subidas de impuestos como con la creación de nuevas figuras impositivas y que PwC considera que no llegará a 5.000 millones de euros. Esta cantidad procede de sumar el aumento de la recaudación procedente del impuesto de sociedades y el diésel, el incremento de dos puntos en el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros, así como las estimaciones de tasa a servicios digitales y financieros. A pesar de que no desglosa el impacto sobre la posibilidad de crear tributos enfocados a desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente, denominados impuestos verdes, alegan que, en cualquier caso, el aumento de la presión fiscal acabará recayendo en los consumidores.
Por otro lado, la ‘big four’ también se ha mostrado muy crítica con la denominada ‘carbon border tax’, la propuesta de la Comisión Europea para compensar el dióxido de carbono (CO2) en la frontera para las importaciones. A su parecer, esta iniciativa puede verse como «un arancel encubierto y generar significativos problemas de comercio bilateral», a lo que agrega sus dudas sobre la «posibilidad de que esta medida sea aceptada por países como Francia y Alemania«, los principales socios comerciales de España.
SMI
Otro de los aspectos que destacan de este estudio dividido en cuatro bloques, es la progresiva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario mínimo en España, que conlleva a su vez, a un ascenso de la base de cotización «Este aumento, junto con la anunciada limitación de la subcontratación a los servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, podría encarecer mucho los costes laborales», argumentan.
Esta opinión también es secundada por ATA, desde la que avisan que este problema afecta tanto a las empresas como a aquellas familias y pensionistas que cuentan con personal contratado en su casa y que puede derivar en economía sumergida.
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