Hoy el Gobierno se reúne para aprobar previsiblemente el laudo de arbitraje obligatorio que pretende poner fin a la huelga indefinida en el aeropuerto de El Prat, que dura ya tres días. La empresa de seguridad Eulen y trabajadores tienen cinco días para elegir un árbitro. Si no, será el Ejecutivo quien lo designe. El comité de huelga considera ilegal esta medida y ya ha anunciado que la recurrirá. Los trabajadores denuncian acoso por parte de la empresa y la Guardia Civil, que desde el lunes controla que se estén cumpliendo los servicios mínimos del 90%. Además, consideran que se está vulnerando su derecho a la huelga. En la asamblea del pasado domingo se rechazó la oferta de la Generalitat acordada con la empresa para pactar un aumento salarial. En la votación asamblearia de los trabajadores participaron 187 de los 400 empleados de los controles de seguridad. El no se impuso de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del sí y un voto nulo. Los trabajadores subcontratados de Prosegur decantaron el sentido de la votación, ya que tenían mejores condiciones laborales que el resto. El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, justificó la intervención del Gobierno con el fracaso de las dos negociaciones anteriores y confirmó que había llevado a cabo una petición formal a la Abogacía del Estado para que redacte un informe que pueda ir al Ministerio de Empleo y de ahí al Consejo de Ministros. Los pasajeros de El Prat, que desde el pasado 24 de julio sufren las consecuencias del conflicto y han tenido que soportar largas colas en los controles, afrontan una huelga indefinida en una de las épocas del año con mayor tráfico. El Gobierno se enfrenta al reto de gestionar unos paros indefinidos. Los trabajadores seguirán buscando mejoras a sus condiciones pero con la advertencia de De la Serna de que impulsará el laudo arbitral y de que la Guardia Civil se hará cargo de los filtros de seguridad en las dos terminales del segundo aeropuerto español. Los sindicatos, por su parte, creen que el conflicto se habría resuelto antes de no ser por la arrogancia y las amenazas del ministro. El pasado jueves, los trabajadores rechazaron ya la propuesta ofrecida por la Generalitat, que ejerce de mediadora económica en el conflicto. La propuesta supone un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas. Fuentes del comité, sin embargo, señalan que esa es solo una parte de la verdad. En especial, para los vigilantes veteranos, que según ese acuerdo ven suprimidos dos pluses que cobraban cuando fueron contratados por Prosegur. En junio del año pasado, Aena adjudicó a otra empresa, la multinacional Eulen, el control de seguridad en el aeropuerto.
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